La autonomía
nunca fue un simple cambio administrativo, ni una bandera electoral, representa
la aspiración Cruceña de decidir sobre su propio destino, frente a un Estado distante, de espaldas a los
departamentos que lo componen. A lo largo de la historia, esa
demanda adoptó distintas formas: federalismo, descentralización y autonomía,
pero siempre persiguió el mismo objetivo: poner fin al centralismo que ha
caracterizado al fracasado Estado boliviano.
Muchos creen que
la lucha autonómica comenzó con los multitudinarios cabildos de inicio de los
años 2000, se equivocan. Su origen
se remonta a los primeros años de la República, ya en 1825 existían voces que
reclamaban mayor capacidad para administrar nuestros propios recursos. En la
navidad de 1876, Andrés Ibáñez encabezó la Junta
Superior Federal del Oriente, convencido de que Bolivia necesitaba un
sistema político más equilibrado.
A
mediados del siglo XX, el Comité pro Santa Cruz retomó la bandera, impulsando una distribución más
justa de la inversión pública y mayores competencias para las regiones,
comenzando con la lucha por las regalías petroleras. El Cabildo del Millón, del
15
de diciembre de 2006, marcó
un antes y un después. Recuerdo la fuerte efervescencia popular, demostrando
que la autonomía había dejado de ser una consigna de dirigentes, para
convertirse en una causa ciudadana.
Dos años
después, el pueblo Cruceño ratificó democráticamente esa voluntad, mediante el
referéndum autonómico. Finalmente, la Constitución de 2009 reconoció las
autonomías departamentales. Sin embargo, el proceso quedó inconcluso. Se
ganó la batalla política, pero no la económica.
Hoy, elegimos a
nuestro gobernador por voto popular. Contamos con una Asamblea Legislativa
Departamental y competencias reconocidas por la Constitución. Competencias muy
lejanas a nuestras expectativas, pero competencias al fin. Sin embargo, la
mayor parte de los recursos continúan concentrados en el gobierno nacional, con
alrededor de un grosero 90%. Además, en una contradicción evidente: se
transfieren responsabilidades, pero no el financiamiento necesario para
ejercerlas plenamente.
Veinte años
después del mencionado referéndum nacional sobre autonomía; en el que Santa Cruz votó
mayoritariamente a favor del régimen autonómico, la gran tarea pendiente tiene nombre y apellido: Pacto
Fiscal.
Bolivia necesita
discutir con seriedad un nuevo modelo de distribución de los recursos
nacionales. Las propuestas técnicas existen desde hace años. El Comité pro
Santa Cruz, la Gobernación, universidades, especialistas en finanzas públicas y
diversas organizaciones han presentado alternativas viables. Incluso el
presidente Rodrigo Paz, planteo una propuesta concreta, el 50-50. Lo que
falta no son propuestas, sino voluntad política.
Por ello resulta
alentadora la reciente conformación del Consejo Autonómico de Santa Cruz.
Que el Comité pro Santa Cruz, la Gobernación, la Universidad Autónoma Gabriel
René Moreno, Amdecruz y los representantes legislativos departamentales, se
sienten en una misma mesa, constituye una señal política potente.
El Pacto Fiscal
no debe convertirse en una disputa entre regiones, sino en un debate nacional
sobre cómo construir un Estado más eficiente, más equitativo y más cercano a
los ciudadanos.
Santa Cruz no
pide privilegios, exige coherencia. Si las autonomías existen en la
Constitución, deben existir también en el presupuesto. Ayer discutíamos
competencias, hoy debemos discutir recursos. Ayer peleábamos por el
reconocimiento político, hoy debemos consolidar la autonomía económica. Ese
será el gran desafío de esta nueva generación. El Pacto Fiscal será el paso
definitivo, para completar la obra iniciada por tantas generaciones de Cruceños,
que lucharon por una nueva Bolivia.
La
historia demuestra que las grandes transformaciones de Santa Cruz, nunca fueron
fruto de la resignación, sino de la perseverancia. Ha llegado el momento de
escribir un nuevo capítulo de esa larga lucha por una autonomía plena, moderna
y financieramente sostenible. El
centralismo nunca ha cedido voluntariamente sus privilegios, cada avance ha
debido conquistarse mediante la movilización ciudadana y la presión democrática
La lucha
continúa, solo ha cambiado de nombre. Ayer se llamaba 11%, hoy se llama Pacto
Fiscal.
https://eldeber.com.bo/opinion/pacto-fiscal-retona-lucha-autonomica_1785800883
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