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Dibujo de Carlos Cirbián
Barros
La Constitución Política, rechazada con 65
% en Santa Cruz, tiene una serie de imposiciones. Su tortuosa concepción y
aprobación, no le permitieron ser un verdadero
Pacto Social, consensuado con todas las naciones que componen el Estado.
Tiempo atrás me pronuncie sobre el
discriminatorio artículo 238 inciso 3, que da ventaja al Presidente y al
Vicepresidente de la República, de no tener que renunciar; como todas las otras
autoridades, para ser reelectos. ¡Hasta
los curas tiene que renunciar, pero ellos no!
Hoy me referiré al tema de la tierra. La
Constitución establece en su artículo 298: “Son competencias privativas del nivel central del Estado,
inciso 17 Política general sobre tierras
y territorio, y su titulación”. Adicionalmente su artículo 297 inciso a,
define como competencia privativa: “aquellas cuya legislación, reglamentación y
ejecución no se transfiere ni delega,
y están reservadas para el nivel central del Estado”.
En buen romance, el centralismo es el
único que tiene poder sobre la tierra, en el Estado Plurinacional. Las
diferentes naciones que la componen, son simples mirones de palo, sobre un tema
que es fundamental para su desarrollo económico y social. Son naciones de
pliqui, simples satélites de un centralismo miope que ha hecho de este país la cola
del Tercer Mundo.
Para traducirlo a términos de esta
Constitución, las tierras tienen que ser competencia
privativa departamental, como corresponde a un Estado Plurinacional y autonómico
verdadero.
Santa Cruz conquistó su independencia el
14-02-1825, con la retirada del Brigadier Francisco Xavier Aguilera y la
entrada del Colorao Mercado. Cuando decidimos ser parte de Bolivia el 6-08-1825;
después de 260 años de existencia, lo hicimos con 1.600.000 km² de territorio. Éramos
más grandes que la Bolivia actual, no
entramos chutos a ser parte de esta comunidad de naciones. Con ese
territorio hemos contribuido a la creación de Beni, Pando, parte de La Paz e
incluso de Perú, Brasil, y Paraguay.
En la época colonial nuestros ciudadanos
solicitaban tierras al Cabildo, títulos que eran firmados por el Gobernador,
sin necesidad de consultarle al Rey.
Las
tierras son nuestras por derecho propio, no necesitamos
el tutoraje colonialista de nadie para decidir sobre ellas. Esta es una
reivindicación que tiene que ser encarada por nuestras autoridades,
instituciones y líderes regionales. No
somos colonia de nadie.
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