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| El 95 por ciento de las boletas ya se distribuyó en el país.
Mañana comienzan las restricciones de movimiento antes de este 21 de noviembre. |
El diario.net
Analistas ven que la redistribución de recursos y escaños quedarían pendientes, mientras los conflictos afloran a partir de la revelación de datos.
Las autoridades del Ejecutivo ya adelantaron que los resultados preliminares
del Censo Nacional de Población y Vivienda a desarrollarse este miércoles, serán
dados a conocer en siete días. Sin embargo, la tabulación de datos de las más de
10 millones de boletas demoraría seis meses, postergando la aplicación efectiva
de este instrumento hasta 2014.
En declaraciones a Erbol, la ministra de Autonomías, Claudia Peña, estimó que los datos finales serían concretados en un lapso de seis meses. “Estamos hablando de fines de mayo y principios de junio. Ya que vamos a estar en medio año, yo asumo, aunque no soy experta, que esos datos van a ser incluidos en el presupuesto del 2014, porque ya vamos a estar a mitad de gestión del 2013”, dijo.
En criterio del politólogo Edwin Quiroz, el Gobierno requiere aplicar una estrategia de comunicación que explique a la población, con criterios técnicos, la demora que supondrá la tabulación de datos y sus efectos en las regiones que exigen la redistribución de recursos económicos.
“Tenemos dificultades en llevar la tabulación y esto repercutirá en la redistribución de recursos. 10 millones de boletas tomaría medio año y efectivamente 2013 será un año de cálculos y ajustes. Pueden haber problemas y para aquello el Gobierno debe llevar una estrategia de comunicación efectiva con las regiones”, dijo.
La presión de la sociedad para que este proceso sea la llave para la nueva distribución de los recursos del Tesoro General del Estado se dio principalmente con el departamento de Santa Cruz y la ciudad de El Alto desde 2010 contemplando el año siguiente, pues esta fotografía de país se debe efectuar cada diez años. El Gobierno aprobó el presupuesto de 50 millones de dólares mediante la Ley 146 del 28 de junio de 2011, bajo crédito del Banco Mundial para el proyecto de “Fortalecimiento de la capacidad estadística y la base de información para la planificación basada en la evidencia”.
Para el analista Jimi Ortiz, los frentes de conflicto que se abrirán a partir de los resultados del Censo son responsabilidad del Ejecutivo, pues las autoridades asumieron compromisos para agilizar este proceso y ahora ya nacen anuncios de mayores dilataciones que perjudicarán la planificación departamental, regional y municipal en el país.
“No había voluntad política para hacer este Censo, pero la presión obligó al Gobierno. La falta de planificación se ve cuando a quince días del Censo recién se convoca a encuestadores y el tema de la aplicación posterior no puede dilatarse, porque estamos en la era de la tecnología. El Gobierno trata el tema irresponsablemente y esto tendrá efectos políticos y económicos”, citó.
El primer levantamiento de información en el país, dará resultados en una semana, según anticipó el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Ricardo Laruta, pero estas cifras sobre la cantidad total de ciudadanos bolivianos, es muy diferente a aquellos que se requieren para hacer efectiva la redistribución de recursos y la nueva asignación de escaños dentro de la Asamblea Legislativa.
“Nosotros hemos previsto que la entrega con carácter preliminar a nivel de las grandes capitales, incluida la ciudad de El Alto, la vamos a tener después de siete días del levantamiento de información del 21 de noviembre”, afirmó el funcionario del INE.
En tanto, los conflictos en el país prosiguen y el tema de los límites territoriales se posicionó de tal manera que en algunas regiones, como Ivirgarzama, Oruro y Gundonovia, existen focos de conflicto que podrían dejar a sus habitantes fuera de esta encuesta mayor que servirá para planificar a Bolivia en diez años.
En declaraciones a Erbol, la ministra de Autonomías, Claudia Peña, estimó que los datos finales serían concretados en un lapso de seis meses. “Estamos hablando de fines de mayo y principios de junio. Ya que vamos a estar en medio año, yo asumo, aunque no soy experta, que esos datos van a ser incluidos en el presupuesto del 2014, porque ya vamos a estar a mitad de gestión del 2013”, dijo.
En criterio del politólogo Edwin Quiroz, el Gobierno requiere aplicar una estrategia de comunicación que explique a la población, con criterios técnicos, la demora que supondrá la tabulación de datos y sus efectos en las regiones que exigen la redistribución de recursos económicos.
“Tenemos dificultades en llevar la tabulación y esto repercutirá en la redistribución de recursos. 10 millones de boletas tomaría medio año y efectivamente 2013 será un año de cálculos y ajustes. Pueden haber problemas y para aquello el Gobierno debe llevar una estrategia de comunicación efectiva con las regiones”, dijo.
La presión de la sociedad para que este proceso sea la llave para la nueva distribución de los recursos del Tesoro General del Estado se dio principalmente con el departamento de Santa Cruz y la ciudad de El Alto desde 2010 contemplando el año siguiente, pues esta fotografía de país se debe efectuar cada diez años. El Gobierno aprobó el presupuesto de 50 millones de dólares mediante la Ley 146 del 28 de junio de 2011, bajo crédito del Banco Mundial para el proyecto de “Fortalecimiento de la capacidad estadística y la base de información para la planificación basada en la evidencia”.
Para el analista Jimi Ortiz, los frentes de conflicto que se abrirán a partir de los resultados del Censo son responsabilidad del Ejecutivo, pues las autoridades asumieron compromisos para agilizar este proceso y ahora ya nacen anuncios de mayores dilataciones que perjudicarán la planificación departamental, regional y municipal en el país.
“No había voluntad política para hacer este Censo, pero la presión obligó al Gobierno. La falta de planificación se ve cuando a quince días del Censo recién se convoca a encuestadores y el tema de la aplicación posterior no puede dilatarse, porque estamos en la era de la tecnología. El Gobierno trata el tema irresponsablemente y esto tendrá efectos políticos y económicos”, citó.
El primer levantamiento de información en el país, dará resultados en una semana, según anticipó el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Ricardo Laruta, pero estas cifras sobre la cantidad total de ciudadanos bolivianos, es muy diferente a aquellos que se requieren para hacer efectiva la redistribución de recursos y la nueva asignación de escaños dentro de la Asamblea Legislativa.
“Nosotros hemos previsto que la entrega con carácter preliminar a nivel de las grandes capitales, incluida la ciudad de El Alto, la vamos a tener después de siete días del levantamiento de información del 21 de noviembre”, afirmó el funcionario del INE.
En tanto, los conflictos en el país prosiguen y el tema de los límites territoriales se posicionó de tal manera que en algunas regiones, como Ivirgarzama, Oruro y Gundonovia, existen focos de conflicto que podrían dejar a sus habitantes fuera de esta encuesta mayor que servirá para planificar a Bolivia en diez años.
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