Problema de límites continuará en 2013 y nueva norma no ofrecería soluciones

 

Ley de Descentralización y Participación Popular, Ley UPAS, Ley de Autonomías, ninguna logró solucionar ni uno de los 84 procesos por límites

 

Analistas afirman que leyes no enmiendan los conflictos del país

Ley de Descentralización y Participación Popular, Ley UPAS, Ley de Autonomías, ninguna logró solucionar ni uno de los 84 procesos por límites.

 

 La Asamblea Legislativa aprobó cerca de 260 normas y el Gobierno llegó a promulgar 79. En cada acto que se realizaba por la promulgación de cada ley, el presidente Evo Morales y otras autoridades gubernamentales expresaron que la normativa promulgada iba a coadyuvar a la solución de un determinado conflicto o problemática en el país. Sin embargo, al parecer las falencias continúan y las leyes promulgadas poco o nada ayudan a la sociedad boliviana.

Los problemas limítrofes en distintas regiones y municipios han provocado conflictos. Los pobladores disputan el límite de sus territorios y el Estado no pudo resolver estos casos con la aprobación de leyes como la descentralización de Gonzalo Sánchez de Lozada o la Ley de Unidades Político Administrativas (UPAs) del último gobierno de Hugo Banzer Suárez.

El gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) logró aprobar, con cierta tensión, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibañez. En la actual coyuntura y tras el Censo Nacional de Población y Vivienda, el régimen de Evo Morales propone que la Ley de Unidades Territoriales, a ser aprobada el próximo mes, logre dar una solución definitiva a los 314 conflictos de límites municipales.

De acuerdo con datos del Ministerio de Autonomías, de las 339 alcaldías existentes, 84 tienen procesos sobre conflictos de límites, es decir un 26,3%. La titular de esta cartera de Estado, Claudia Peña, informó que estos problemas apenas empezarán a ser tratados el próximo año y el vicepresidente Álvaro García Linera afirma que la Ley de Unidades Territoriales se aprobará en la primera quincena de diciembre dando una matriz de soluciones.

El analista Jimmy Ortiz recordó que los problemas limítrofes iniciaron en el nacimiento mismo de la República y señaló que si hasta la fecha no hay una solución es porque ningún gobierno ha podido “sanar a este Estado fallido”, según dijo.

“Las leyes que promete el Gobierno, para dar solución a este tema, son cortinas de humo y no satisfarán las necesidades de las partes confrontadas. Las leyes no solucionan nada y lo que se necesita para que este problema se resuelva de una vez, es un diálogo entre ambas partes”, dijo.
Ortiz afirmó que la Ley de Unidades Territoriales se encontraba en la agenda de la Asamblea Legislativa desde febrero del 2011 y que debió tratarse antes del Censo 2012. Sin embargo, no fue aprobada pese a los dos tercios oficialistas que muchas veces logran aprobar normas en semanas y hasta días.

Por otro lado, el jurista Waldo Albarracín manifestó que el tema de límites es muy delicado, por lo que una norma no dará solución al problema.

“Lo que se espera determinar en la Ley de Unidades Territoriales está presente en la Ley UPA’s que está vigente, en la Ley de Autonomías y ninguna de estas normas ha terminado con los conflictos limítrofes. Lo que se necesita es un consenso previo y un diálogo entre las partes confrontadas”, citó.
Respecto a la cantidad de normas aprobadas y promulgadas con el objetivo de eliminar o dar una enmienda definitiva a un conflicto o problema en la sociedad, Albarracín dijo que las leyes por sí mismas no solucionan una problemática.

“La mayoría de los problemas en el país son de índice económico social, y éstos no nacieron por la ausencia de leyes, sino por un tratamiento ineficiente del Estado. La solución pasa porque el Gobierno actúe con transparencia y se preocupe por ayudar a los bolivianos”, sostuvo.

El 2012 ya dio visos de conflictos entre regiones y poblaciones, como el tema de la minería o la siembra de quinua. Para 2013 el Estado pondrá a prueba toda su capacidad de negociación, apuntando a la Ley de Límites que dará pautas sobre los ejes de la conciliación o el referéndum.