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lunes, 10 de octubre de 2016

Analistas proponen auditoría externa por quiebre de ECE


Noticia de primera página

Ante anuncios de venta de bienes inmuebles del Ejército

Analistas proponen auditoría externa por quiebre de ECE

Los analistas Roger Cortez y Jimmy Ortiz, por separado, proponen una auditoría externa, con la finalidad de establecer responsabilidades concretas, por la quiebra de la Empresa de Construcciones del Ejército (ECE) y del crédito de 40 millones de dólares con el Eximbank de China.

Los analistas coinciden en indicar que la auditoria servirá para establecer responsabilidad, tanto del directorio y la cabeza de dirección, así como de los que proyectaron la ECE.

“Las declaraciones del ministro de Defensa, Reymi Ferreira, en sentido de que ignora el paradero de los papeles, así como la jerarquía de las responsabilidades respecto a las compras cuestionadas y con serias observaciones, es tremendamente desmotivadora, porque resulta ser algo demasiado primitivo y atrasado cómo se manejaron sus registros o los tiene y fueron sustraídos; nos habla de una vulneración para manejar y controlar el dinero del conjunto de los bolivianos”, afirmó Cortez.

Cortez observa que si bien los resultados de una auditoria será la instancia que defina responsabilidades, así como identificación y penalización de los involucrados, existe el antecedente de que casos como la quiebra de la (ECE), no se consiga el resarcimiento de los recursos generados, como resultado del desfalco de la empresa.

ACTITUD DEL MINISTRO FERREIRA

“A mí me extraña que el ministro no haya roto en llanto, sabiendo que es una personas sensible al comunicar esto (…) es indispensable que dé a conocer un plan meticuloso de investigación, de las responsabilidades de cada uno de los involucrados y su ministerio como cabeza de directorio debiera realizarlo”, lamentó.

Cortez propone que tanto el Ministerio Público como la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), garanticen que los culpables de la quiebra de (ECE) devuelvan los recursos, porque existe un sesgo de que los implicados sean solo encarcelados, sin que se logre reparar el daño al Estado.

“Con ese criterio sabremos, en el tiempo más breve, posible quién hurto, quién oculto los papeles, con que 0bjetivo; y conocer una nómina precisa de las personas involucradas en las responsabilidades dolosas, culposas y negligentes”, concluyó.

AUDITORÍA

En tanto, Jimmy Ortiz dijo que antes de anunciar el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, de pretender disponer de bienes del Estado para pagar la deuda de 40 millones de dólares por quiebra de la empresa (ECE), debió haberse determinado una auditoria externa de forma inmediata.

“Se deben seguir los procedimientos correctos e inmediatos, que significa realizar una auditoria externa e interna, para definir las causas por las cuales quebró la empresa y sus directos responsables de la misma, además de establecer las sanciones penales que corresponda tanto al directorio y los niveles jerárquicos, sostuvo.

En segundo lugar, se deben liquidar los activos de la propia empresa para establecer el pago de la deuda, pero es poco sensato de pretender pasar al Estado estas obligaciones, por quiebra de la empresa ECE, indicó.

Para Ortiz son las propias FFAA, quienes desde sus niveles jerárquicos debieran responder a la deuda contraída y establecer sí la quiebra fue por asuntos dolosos, técnicos; existen niveles de responsabilidad, “empezando por la MAE de la empresa. Pero reitero, de inicio debiera haber resultados de una auditoria, porque el hecho de pagar o solo encarcelar a unos cuantos, es para que no se quede en nada”, concluyó Ortiz.

NORMA

De acuerdo a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en el artículo 11°, referido a bienes de las FFAA, establece “Los bienes de las Fuerzas Armadas de la Nación, inmuebles o los documentos de valor histórico - militar, no podrán ser enajenados o facilitados en calidad de préstamo, sin previa autorización legislativa”.

Recordemos que el fin de semana el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, dijo que la Asamblea no permitirá la venta de bienes del Estado para pagar la deuda que tiene la quebrada Empresa de Construcciones del Ejército (ECE) por un crédito de 40 millones de dólares con el Eximbank de China.

Aclaró que terrenos del Ejército, son bienes del Estado y por norma la Asamblea Legislativa tendría que aprobar su venta, pero anticipó que se rechazará cualquier enajenación.

domingo, 9 de octubre de 2016

Análisis político parlamentario: Gobiernos carecen de sistema de alerta temprana para prevenir conflictos




• Existe una norma de seguridad ciudadana, que no aplica a las autoridades nacionales para prevenir conflictos

Los gobiernos del nivel central, gobernaciones y municipales carecen de un sistema de alerta temprana para prevenir que se agraven los conflictos sociales, cuestionaron en entrevistas con EL DIARIO, el politólogo Jimmy Ortiz, los diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Norma Piérola y del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sergio Choque, por separado.

Los cuestionamientos surgieron por parlamentarios y analistas políticos, por la quema de la Alcaldía de El Alto que derivó en la muerte de seis funcionarios ediles y el conflicto entre cooperativistas mineros y el Gobierno, causando la muerte de cuatro mineros por impactos de baja y uno por uso de dinamita, así como el asesinato de Illanes.

Para saber el fondo del problema sobre el motivo o qué se puede hacer para prevenir el agravamiento de los conflictos sociales, EL DIARIO consultó sobre este problema al analista Ortiz y un legislador oficialista y una opositora, cuyas personas coincidieron en que los municipios, gobernaciones y el Gobierno central carecen de un sistema de alerta temprana para conflictos.

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

Según criterio del politólogo Ortiz, un sistema de alerta temprana funciona con un equipo multidisciplinario, donde participan, comunicadores sociales, asesores legales, politólogos y otros profesionales, que estén especializados para hacer seguimiento de los acontecimientos de una país, departamento o municipios, donde puede generase conflictos.

En ese marco, el analista indicó que el equipo de profesionales hace el seguimiento minucioso de lo que pasa en el país, proyecto de deben tener los municipios y gobernaciones para mantener un nivel de coordinación, manteniendo contacto permanente con gente que está cerca del conflicto pero que no participa de este.

CONFLICTOS

“No es bueno que el país esté con conflictos, que están creciendo hasta que deriva en la muerte de personas. Los ministerios, gobernaciones y municipios tienen que activar o crear un sistema de alerta temprana, para prevenir y atender los problemas que se van generando en cada rincón de Bolivia”, señaló el politólogo.
Ortiz aseguró que el agravamiento, la quema de la Alcaldía alteña y el conflicto entre cooperativitas y el Gobierno, que derivó en la muerte de doce personas, se debe a la falte de implementación de un sistema de alerta temprana para prevenir conflictos.

OPOSICIÓN

Para la diputada opositora Piérola, lo que está fallando es el Viceministerio de Coordinación de Movimientos Sociales, a cargo de Alfredo Rada y dependiente del Ministerio de la Presidencia, porque son los llamados a tener un sistema de alerta temprana para prevenir conflictos.
La legisladora aseguró que por la falta de un sistema de alerta temprana no se hallan soluciones al conflicto de los discapacitados y de los cooperativistas mineros, porque solo el Gobierno toma poco en cuenta sus demandas, además que prefiere imponer su criterio.

DIÁLOGO

“Es una pena que no exista voluntad de diálogo por parte del Gobierno para solucionar conflictos sociales, realmente no hay políticas serias para resolver los problemas que aqueja al país”, criticó Piérola.

Además, la diputada indicó que los mecanismos de prevención para tener monitoreo de conflictos se encuentran en la Ley Nº 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, mismos que no son aplicados por el Gobierno.

OFICIALISMO

En criterio del diputado Choque, que preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, las autoridades de los gobiernos central, departamental y municipal deben contar con colaboradores, para tener un nivel de coordinación y atender las demandas de la población oportunamente.

“Con la implementación de un sistema de alerta temprana para prevenir conflictos, las demandas de la población estarían controladas, porque se dialogaría con la gente con anticipación”, sostuvo.

Pidió a los ministerios, gobernaciones y alcaldías activar un sistema de alerta temprana, para saber las demandas de los vecinos, comerciantes y otros sectores sociales, con la finalidad de buscar soluciones antes que se agrave el conflicto.

LEY DE SEGURIDAD CUIDADANA

El Artículo 7 de la norma indica que las servidoras y los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias, deberán colaborar, prestar la asistencia posible y adecuada a las entidades públicas, a la comisión, a los consejos de seguridad ciudadana y a la Policía Boliviana, para la consecución de las finalidades de prevención, mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana.

También dice que las servidoras y los servidores públicos de las entidades públicas que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en caso necesario y en la medida indispensable para el cumplimiento de sus funciones, deberán requerir de los particulares su colaboración, siempre que no implique riesgo personal para los mismos.

Asimismo, el Artículo 8 se refiere a que el Ministerio de Gobierno es la máxima autoridad responsable de la formulación, planificación, aprobación y gestión de las políticas públicas, como también de la coordinación y control de la seguridad ciudadana. Ejercerá sus funciones respetando los Derechos Humanos y el ejercicio de la ciudadanía plena.

ALERTA TEMPRANA DE GUATEMALA


En el año 2006 Guatemala, se crea el Sistema de Apoyo a la Transformación y Prevención de Conflictos (Satpc), proyecto que tomo años en aplicarse, pero que permitió documentar los conflictos ocurridos en ese entonces, lo cual permitió aplicar un método en implementar grupos sociales para que hagan el seguimiento de problemas de determinados lugares y que mantengan informados a los niveles de gobiernos en el país centroamericano, los mismo que buscaban el diálogo permanente y servían de intermediarios, con el objetivo de evitar que se agraven los conflictos, documento que fue reflejado en una publicación de la Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales War - Torn Societies y el Instituto Guatemalteco para el Desarrollo y La Paz.

martes, 4 de octubre de 2016

¿ACHACOLLO PRENDIÓ EL VENTILADOR?




Columna virtual: Comentando la noticia


 () Noticia: Achacollo dice que informó a Evo sobre el Fondioc en 2011(Pagina Siete 17 09 16).- "Yo hice conocer el 2011 al Presidente (Evo Morales) un año después de haber sido Ministra (...), incluso hablamos del tema para una planificación, para una modificación del decreto”, respondió Achacollo cuando el juez preguntó por qué no denunció antes las irregularidades en el Fondo Indígena y si sabía que los recursos no eran ejecutados correctamente.

() Comentario: La declaración de la Ex Ministra de Desarrollo Rural Nemecia Achacollo, nada menos que el juez que ventila la causa del Fondo Indígenas, es una grave acusación.

Debo dejar claro que la afirmación de la Ex Ministra no es una novedad, los medios registraron el 2015 la siguiente noticia: Evo Morales confeso saber del desfalco en el Fondo Indígena y no hizo nada en dos ocasiones (metronoticia.com 01 09 15).-  El presidente Evo Morales advirtió la noche de este lunes la "responsabilidad" de la ahora exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, en el caso del liquidado Fondo de Desarrollo Indígena, Originario, Campesino (Fondioc) y se declaró arrepentido de no haber tenido autoridad para cambiar a los miembros del Directorio de esa instancia en el primer momento en que surgieron denuncias sobre irregularidades.

"Quiero decirles que sabíamos de este problema, dos veces aquí en el Salón Rojo (del Palacio) he planteado cambiar el Directorio y se molestaron conmigo, tal vez no tenía cierta fuerza o autoridad en ese momento, me arrepiento, (pero) les propuse cambiar", afirmó el Presidente, en el acto de posesión del nuevo ministro de Desarrollo Rural, Cesar Cocarico.

Morales recordó que el Directorio del Fondo Indígena estaba integrado por representantes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullusuyu (CONAMAQ) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB).

¡Flor de Directorio no! ¿Cómo Morales podría denunciar a sus bases?, ¿acaso Dilma denuncio a Lula? Si no hubiera sido por la persistente denuncia del Diputado Rafael Quispe, la cleptocracia del Fondo Indígena seguiría impune, disfrutando de los millones que les robaron a sus hermanos indígenas.

Dice el aforismo legal, “a confesión de Partes relevo de pruebas”. Esta sola confesión pública de Su Excelencia; en un país normal, debió haber sido motivo para que la fiscalía lo incluya en el proceso de investigación por Incumplimiento de Deberes, pero vivimos en el Estado Plurinacional, donde el jefazo es inmune a la ley.

¿Sera que la fiscalía convocará a declarar al Presidente Morales y a su poderoso Ministro? ¿Sera que la Ex Ministra decidió hablar al verse abandonada en la cárcel? ¿Sera que Achacollo no quiere ser el chivo expiatorio de este pillerio? ¿Sera que uno de los robos más emblemáticos de la historia boliviana llegará a buen puerto, con la justicia que tenemos? ¿Sera que los millones que le robaron al pueblo se recuperaran?

Son muchas preguntas, que más temprano que tarde serán develadas. Por que como dice La Biblia “nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse”. No tengo duda que esta máxima bíblica se cumplirá también aquí, aunque lo más probable es que sea cuando el populismo tenga que rendir cuestas de sus tropelías, ante una verdadera justicia, como ya se ve en el vecindario sudamericano.

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sábado, 1 de octubre de 2016

Neocolonialismo en Santa Cruz


Foto propia ©
Jimmy Ortiz Saucedo

Los criterios aquí expresados nacen de la reunión de Directorio del Comité pro Santa Cruz, realizada en Roboré el 27-08-16. Si bien el temario fue amplio, quiero concentrarme aquí en un asunto que fue transversal a las exposiciones de los delegados participantes: los avasallamientos de tierras y los asentamientos de poblaciones acarreadas de occidente, quienes no respetan áreas protegidas, derechos preexistentes, peor aún el Plan de Uso del Suelo que es Ley del Estado.

Los cívicos provinciales cuentan que el momento menos pensado llega un grupo de “colonos” con su título bajo el brazo, queriendo desalojar de sus tierras a viviente oriundos de la zona, en pacifica posesión de ellas por generaciones.

Estos “colonos” llegan con un impresiónate apoyo logístico: vehículos de lujo, abogados y en algunos casos con el auxilio de la fuerza pública. Esto hace suponer que no son acciones individuales, sino por el contrario cuentas con apoyo de organismos del Estado, en un claro atropello a Santa Cruz. El INRA es el principal instrumento del neocolonialismo contra los pueblos de tierras bajas.

Le debe quedar bien claro al centralismo anti Camba, que Santa Cruz conquistó su independencia el 14-02-1825, con la retirada del Brigadier Francisco Xavier Aguilera y la entrada del Colorao Mercado. Contamos para ellos con el único apoyo del General Belgrano, y su ejército de Las Provincia Unidas del Rio de La Plata; hoy Argentina.

Cuando decidimos ser parte de Bolivia el 6-08-1825; después de 265 años de existencia como nación, lo hicimos con 1.600.000 km² de territorio. Éramos más grandes que la Bolivia actual, no entramos chutos a ser parte de esta comunidad de naciones. Con ese territorio hemos contribuido a la creación de Beni, Pando, parte de La Paz e incluso de Perú, Brasil, y Paraguay.

Ya está de buen tamaño con estos atropellos. Las tierras son nuestras por derecho propio, aunque la constitución de La Calancha diga otra cosa, por eso la rechazamos en Santa Cruz con el 65 %.

Si se quiere acarrear gente a nuestras tierras, que se hagan las cosas como Dios Manda: Que se consulte con la gobernación y la alcaldía. Que se doten tierras fiscales, respetando el uso mayor de la tierra. Que se les otorgue la infraestructura sanitaria y productiva. Que se incrementen los recursos a los municipios proporcionales a las poblaciones a ser trasladadas. Y finalmente, que se les dé el apoyo técnico para vivir en un ecosistema diferente al suyo.

La mala fe de querer desequilibrar política, racial y culturalmente Santa Cruz, no lo aceptamos. Ya no son  tiempos de mitimaes.

jimiortiz@cotas.com.bo

martes, 27 de septiembre de 2016

Diferencias entre Romero y Guerrero reflejan pugnas por candidaturas



Williams Bascopé y Jimmy Ortiz:

• El caso Illanes provoca enfrentamientos verbales entre autoridades de Estado • En tanto, las investigaciones de cooperativistas muertos por arma de fuego no tiene avances significativos.

Las diferencias entre el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el fiscal general, Ramiro Guerrero, se deben a pugnas electorales, debido a que puede ser posible que el presidente Evo Morales no se repostule para las elecciones generales de 2019, según análisis individuales del constitucionalista Williams Bascopé y del politólogo Jimmy Ortiz.

Mientras Romero, en su calidad de autoridad de Estado, busca ser una figura concertadora a nivel nacional, el fiscal Guerrero era constituyente del Movimiento Al Socialismo (MAS), por lo que es probable que tenga interés político en el caso de la investigación sobre la muerte del viceministro Rodolfo Illanes, para obtener réditos partidarios.

Respecto a su declaración informativa, el ministro Romero indicó que está dispuesto a colaborar en las investigaciones sobre el fallecimiento del viceministro Illanes y cinco cooperativistas, por lo que solicitó de forma abierta al Ministerio Público que le haga llegar un cuestionario para absolver las dudas de la comisión de fiscales.

La petición de la autoridad, a criterio coincidente de los analistas Bascopé y Ortiz, se da por las aspiraciones electorales de la autoridad de Estado.

En este tema, el fiscal Guerrero respondió a Romero, afirmando que no hay privilegios al citar a declarar a las autoridades de Estado, además, está en análisis la fecha de su asistencia, ya que las declaraciones serán orales y no mediante un cuestionario escrito.
Para conocer el fondo de las tensiones entre Romero y Guerrero, EL DIARIO consultó a ambos analistas Williams Bascopé y Jimmy Ortiz. De esta forma llegamos a la conclusión de que comparten la opinión de que por medio se hallan en juego anticipadas pugnas electorales en el partido de gobierno.

MOVIMIENTO AL SOCIALISMO

En criterio de Bascopé, el ministro Romero es parte del Gobierno y está a cargo de una cartera de Estado con elevada capacidad autoritaria. En cambio, el fiscal general Guerrero está en función judicial, pero por haber sido anteriormente constituyente del MAS, demuestra de forma clara que igualmente es adicto del oficialismo.

El constitucionalista dijo que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García cometieron un error al no proyectar líderes políticos. Por esta causa, el ministro Romero y el fiscal Guerrero quieren ganar puntos a favor para eventualmente ser aspirantes a la candidatura presidencial del MAS.

“Este aspecto hace que las declaraciones públicas de Romero y Guerrero, (suban de tono), y es que quieren ser candidatos presidenciales, aspecto que se da porque el presidente Morales, no supo impulsar nuevos líderes políticos dentro de MAS”, sostuvo Bascopé
PUGNAS
El mismo pensamiento tiene el politólogo Ortiz, quien considera que existe una pugna interna en el Movimiento Al Socialismo (MAS), entre los ministros de Gobierno, Romero; de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; y del canciller David Choquehuanca.

Calificó abiertamente de “confrontaciones públicas” a las declaraciones formuladas en medios de comunicación por el ministro Romero y del fiscal Guerrero, con lo que se suman a lista de aspirantes a la silla presidencial, y quieren potenciarse como candidatos.

Sin embargo, el analista sostiene que ninguno de los ministros de Estado gozan de la confianza de la gente, por lo cual, el MAS debe trabajar todavía en la proyección de nuevos líderes políticos, en caso de que Morales desista, en definitiva, no presentarse en 2019 a una nueva elección, que anticipadamente se la ha calificado que sería ilegítima, en medios de opinión política y judicial.

INVESTIGACIONES

En cuanto a las investigaciones del Ministerio Público, Bascopé dijo que hay poca celeridad en las indagaciones de la muerte de cinco cooperativitas, porque no hay personas recluidas en la cárcel por este caso. En cambio por Illanes hay varias personas detenidas.

Consideró que la muerte del viceministro Illanes fue un golpe duro para el ministro Romero, porque el funcionario pertenecía a su cartera de Estado, de modo que han debido tener muchas coincidencias políticas. Empero, lo que resulta aún inexplicable es que, a pesar de ello, Illanes le pidió auxilio mediante una llamada telefónica a Romero y este no hizo nada para atender la demanda vital que le hacía un colaborador próximo suyo.

El ministro Romero puede ser citado a declarar de forma oral en la Fiscalía, la Ley de Procedimiento Penal y la Constitución Política del Estado indican que no hay preferencias para autoridades de Estado, en un caso como el presente, indicó Bascopé.

EQUILIBRIO

Ortiz dijo que las muertes de los cooperativistas y del viceministro Illanes deben tener una investigación equilibrada, porque están en la cárcel, solamente presuntos implicados en caso de la autoridad de Estado, pero sin mayores evidencias. “Esperemos que las indagaciones en torno al caso de los cooperativistas avance, porque los familiares claman justicia”, expresó el analista.

Como se recordará el pasado 25 de agosto, el segundo día de bloqueo de la Carretera La Paz-Oruro, a la altura de Panduro, al promediar las 11.00 de la mañana, los cooperativistas mineros detuvieron al viceministro, y pretendían canjearlo con sus detenidos.

La Policía, por la tarde, intentó desbloquear nuevamente la carretera, sin resultados positivos, mientras tanto la autoridad solicitaba repliegue de la Policía; que al final no se dio, y más bien se agravó con la muerte de otro cooperativista con arma de fuego, que provocó la muerte de Illanes en manos de cooperativistas.


Al finalizar la tarde se conoció la noticia y las autoridades de Gobierno tardaron en confirmar el dato, pero el viernes por la mañana el cuerpo de la autoridad llegaba a la morgue de La Paz.


martes, 20 de septiembre de 2016

CONFIRMADO: DEFENSOR DEL PUEBLO, OTRO CUENTO CHINO



Columna virtual: Comentando la noticia

() Noticia: Tezano destruye la defensoría  (El Día 13-09-16).- Las últimas declaraciones del defensor del Pueblo, David Tezanos, referente al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, han provocado mayores críticas de la oposición hacia sus funciones que este desempeña.


() Comentario: Como había supuesto en mi columna titulada  “NUEVO DEFENSOR DEL PUEBLO, OTRO CUENTO CHINO”, publicada el 24 de mayo del presenta año, el nuevo defensor del pueblo ha desnaturalizado esta importante institución.

No se necesitaba ser muy inteligente para saber que esto sucedería. Un funcionario público en ejercicio, con clara militancia gobiernista, no podía ser la persona adecuada para ocupar este cargo.

Aunque según la lógica totalitaria si lo era, necesitaban acallar una institución muy incómoda para sus fines. Los derechos humanos no soy muy preciados por la corriente populista, que ya comienza su extinción en el continente.

Inmediatamente conocida la elección de Tezanos comenzaron las críticas. La prensa de la época registra los siguientes titulares: Tezanos Pinto, el primer funcionario gubernamental en ser Defensor del Pueblo de Bolivia (eju.tv 13-05-16). Audio. Tezanos se aplazó en su examen, pero el MAS lo eligió Defensor del Pueblo (eju.tv 14-05-16). Tezanos, ligado al Gobierno, es el defensor del pueblo (El Deber 14-05-16). Ciudadanía rechaza designación de Tezanos como Defensor (El Diario 18-05-16). Defensor- Admite que realizó campaña por el MAS (El Deber 18-05-16). Los comentarios en las calles y en las redes sociales fueron del mismo tenor. Triste papel, el de este ciudadano.

No me cansaré de repetir: lo que más me molesta es que piensan que  el pueblo es tonto y no se da cuenta sus tropelías leguleyescas. Ni siquiera tienen la delicadeza de hacer un mayor esfuerzo mental para tratar de engatusarnos, son cerebros de cuarta. Este es un “Defensor” de pliqui, como decimos en el oriente.

Cuanto extrañamos a Rolando Villena, un Defensor del Pueblo de verdad, que dirigía una Defensoría del Pueblo verdadera.

Villena será recordado por el pueblo boliviano con respeto y admiración. Será un referente para los futuros Defensores del Pueblo, máxime si se recuerda las difíciles condiciones en las que le tocó desarrollar su cargo; principalmente por el sistemático acoso del gobierno de turno.  Incluso fue despedido con un incendio en su casa (Erbol 25-04-16). No obstante obtuvo varios reconocimientos de la sociedad civil, el más destacado de ellos fue el Premio Libertad 2015 Juan Javier Zeballos Gutiérrez, que anualmente concede la Asociación Nacional de la Prensa -ANP (El Deber 08/05/2016).

La constitución  expresa en su Artículo 218. I. La Defensoría del Pueblo velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales. La función de la Defensoría alcanzará a la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos (defensoria.gob.bo).

En la posesión de Tezanos, fueron claras las instrucciones que le dio Su Excelencia y el Vice: “El Presidente dijo al nuevo Defensor que en la actualidad los más agredidos son los mandatarios, el Estado y los policías. El Vice le pidió cambiar la institución”. “Confiamos en que no se repetirá el uso político partidario de la Defensoría para asumir acciones contra el Estado”, afirmó García Linera (Pagina Siete 15-05-16)

Está claro que lo que manda la Constitución, no es lo mismo que le mandan el Presidente y el Vicepresidente.

En suma, el pueblo ha perdido su Defensor, está confirmado, la “defensoría” de David Tezanos es un simple apéndice del Poder Ejecutivo.

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lunes, 12 de septiembre de 2016

Gobiernos politizan demanda del Silala



El Diario de La Paz 12 09 16

Según análisis de Jimmy Ortiz y Carlos Cordero

• Las autoridades de ambos países empezaron a debatir virtualmente la visita y la demanda por las aguas del Silala

La demanda del Silala se politizó cuando una delegación a la cabeza del canciller David Choquehuanca visitó los puertos chilenos, con la finalidad de verificar los abusos cometidos por el empresariado a transportistas de carga pesada, dijo el politólogo Jimmy Ortiz.

Además, el analista sostuvo que el Gobierno de Chile trabaja políticamente, transmitiendo sentimientos patrióticos hacia sus habitantes, con el argumento de que el Silala es un río internacional.

Por otro lado, Jimmy Ortiz y Carlos Cordero manifestaron que la demanda del Silala sirvió también para hacer crecer la imagen de los gobiernos de Chile y Bolivia, porque la gente se identifica con las posiciones de cada nación, además de contar con su apoyo.

ARGUMENTOS TÉCNICOS

“Lamento que el debate no sea sobre aspectos técnicos, que puedan servir para tener un acercamiento entre ambas naciones, porque este aspecto se tratará en la Corte Internacional Justicia (CIJ) de la Haya”, expresó Ortiz.

En cuanto a Bolivia, el analista dijo que se trabaja de la misma manera que Chile, porque aseguran que el Silala es un manantial que nace en el departamento de Potosí, además que el país vecino desvió el curso de las aguas, haciendo uso de perforadoras y explosivos para forzar el camino, aspecto que los ciudadanos respaldan patrióticamente.

El analista Ortiz consideró que el politizar, haciendo uso del fervor patriota de la gente, es mal visto en ambas naciones e insistió que el debate tiene que ser con argumentos técnicos.

POSICIONES

De acuerdo con criterio de Cordero, las sociedades chilenas y bolivianas se identifican con las posiciones de ambos países, elemento que es usado por los gobernantes para llegar a la gente, con la finalidad de que crezca su imagen.

“Los ciudadanos chilenos ven cómo su gobierno defiende públicamente su postura, sosteniendo que el Silala es en una río internacional, además que la gente adquiere una identidad patriota”, apuntó Cordero.

DEMANDA

El analista Cordero sostuvo que Chile se adelanta de forma inteligente en la demanda del Silala, con la finalidad de que Bolivia no pueda detener el curso de las aguas o bajar su caudal hacia el vecino país, judicializando el tema.

Sin embargo, el analista indicó que la situación electoral le perjudica, porque la comitiva que visitó las aguas del Silala en frontera de Chile, vierten versiones contrarias a la posición chilena.

ELECCIONES EN CHILE

“El Gobierno chileno usa la demanda del Silala para catapultarse en las elecciones, porque hay candidatos anunciados de actuales autoridades, otros que opinan sobre el tema, para tener votos electorales”, explicó Ortiz.

Cordero dijo que el anuncio del agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), José Miguel Insulza, de la intención de ser candidato presidencial es político, porque aprovecha la demanda del Silala para este aspecto.

miércoles, 7 de septiembre de 2016

Afecta a la gobernabilidad



El Diario de La Paz, Decano de la prensa nacional.
7-09-16

Jimmy Ortiz

Afecta a la gobernabilidad

El conflicto de cooperativistas afecta a la gobernabilidad del país, porque el partido de gobierno no sabe manejar la crisis económica por la baja en los precios de los minerales y las demandas del sector, según análisis de Jimmy Ortiz.

“Este tema le afecta a la gobernabilidad, los cooperativitas son los que mantuvieron la alianza con el Gobierno, porque tenían confianza en el proceso de cambio, aspecto que cambió cuando el sector plantea demandas para mejora la economía”, afirmó.

El analista dijo que la crisis económica que comienza a sentirse por la baja de los hidrocarburos es otro de los puntos que influye para que los cooperativistas quieran mejorar su situación, aspecto que no fue tomado en cuenta por el Gobierno del MAS en los diez años que está en el poder.

Recomendó el Gobierno que no demore mucho en plantear soluciones, porque los cooperativistas de seguro están eligiendo a nuevos dirigentes, tomando en cuenta la situación jurídica de los actuales representantes. Con una nueva dirigencia las movilizaciones pueden resurgir.


“El diálogo debe ir acompañado con un plan de trabajo responsable, tomando en cuenta las demandas de los cooperativitas y las leyes aprobadas por el Gobierno, con la finalidad de llegar a un arreglo, los aspectos deben ser tratados con calma”, concluyó.

martes, 6 de septiembre de 2016

GABRIELA ZAPATA, TALÓN DE AQUILES DEL RÉGIMEN



Columna virtual: Comentando la noticia

() Noticia: Critican la decisión fiscal en el caso Gabriela Zapata.- Opositores arremeten contra el Ministerio Público ante el sobreseimiento de Gabriela Zapata en cuatro delitos. Califican a la comisión de fiscales de "masista", advierten sometimiento de la administración judicial al Gobierno y ahondan en ironía ante la decisión (El Deber 17-08-16). 

() Comentario: No se necesitaba ser brujo para saber que esto terminaría así. El encarcelamiento de Gabriela Zapata fue otra pantomima plurinacional, la señora es muy poderosa y sabe mucho. “Lavar” la imagen del jefazo, era el objetivo final.

Ante la fundada denuncia de Carlos Valverde no les quedó otra opción, era necesario aplacar las voces de la opinión pública que le significó  una fuerte caída de popularidad en un momento inoportuno, especialmente con la clase media urbana.

Les aseguro que pasará lo mismo con el juicio a la Ex Ministra Nemesia Achacollo, el objetivo es el mismo, por lo tanto el método será parecido. El tiempo lo dirá, es cuestión de esperar.

“El documento indica que no se hallaron los "suficientes elementos de convicción" para sostener la imputación contra la exnovia de Evo Morales, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias en grado de complicidad, falsedad material, ejercicio indebido de la profesión y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado”.

¡Qué casualidad no!, la liberan precisamente de todos los cargos que pueda involucrar al Presidente y a su Ministros, finalmente la señora Zapata terminará siendo imputada por adulterio, el tráfico de influencias; que fue lo que denuncio Valverde y lo que reclama la ciudadanía, quedará en nada. Claro, en un gobierno totalitario el núcleo central del poder es inmune a su la ley.

Con esta burda sumisión al poder político, la justicia se sigue deteriorando. Nunca pensé ver una justicia de esta calidad. El Vicepresidente García Linera se quedó corto cuando dijo que la justicia olía a azufre (Pagina Siete 23-05-15), ella huele mucho peor.

Y lo que más molesta es que piensan que  el pueblo es tonto y no se da cuenta sus tropelías leguleyescas. Ni siquiera tienen la delicadeza de hacer un mayor esfuerzo mental para tratar de engatusarnos, son cerebros de cuarta. El pueblo boliviano no merece esto, es un verdadero atropello al sentido común.

El estado de indefensión jurídica en que se encuentra la mayoría del país; especialmente el que piensa diferente al régimen es brutal, solo comparable con él al alto grado de protección que tienen los funcionarios del régimen y su cleptocracia.

Los políticos que nos gobiernan son los autores de esta descomunal manipulación y destrucción de la justicia, son ellos los verdaderos culpables, mientras continúen en el ejercicio del poder no habrá esperanzas de tener una justicia medianamente decente.  

Al fomentar una justicia politizada están jugando con fuego, ya que cualquier rato la tortilla se vuelca y los verdugos de hoy se trasforman en las víctimas de mañana. Son los riesgos de tener una justicia como apéndice del Órgano Ejecutivo.

El Plan Cóndor también fue inmune a la justicia de su tiempo, y ahora hay muchos militares en la cárcel, el Plan Evo correrá el mismo destino histórico. García Mesa, Pinochet y Stroessner, ayer y Dilma, Lula y los Kirchner, hoy, son la constatación empírica.

La historia es inexorable, pueden ir poniendo las barbas en remojo.

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jueves, 1 de septiembre de 2016

DICTADURA, PERIODISMO Y DEMOCRACIA



Foto propia ©

Jimmy Ortiz Saucedo

Este artículo fue inspirado en la valentía de un columnista llamado Andrés Gomes Vela, especialmente por el artículo titulado: El blef del control entre cocaleros y el sospechoso “volteador”.

¡Cuán grande es la importancia del periodismo en el combate a las dictaduras formales o disfrazadas! ¡Cuán grande es la importancia del periodismo en el sostenimiento y mejoramiento de las democracias verdaderas! ¡Cuán grande es la importancia del periodismo en el combate a la corrupción pública y los abusos de poder! En el mundo moderno no es concebible una democracia sin un periodismo libre.

Directores de medios, editores, periodistas, editorialista y columnistas, juegan un papel invalorable en la información y orientación de la opinión pública. Es en estos espacios; hoy ampliados a las redes sociales, donde se expresan las ideas y se realizan los debates, la confrontación siempre esclarecedora de tesis y de antítesis. En ellos se materializa la tan preciada libertad de expresión.

Los filósofos de la Ilustración comprendieron en, el siglo XVIII, que: “la posibilidad del disenso fomenta el avance de las artes, las ciencias y la auténtica participación política”. 

A mediados del siglo XX la libertad de expresión fue reconocida como un derecho humano. En el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; que siempre es grato recordar, expresa: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Da mucha rabia ver como en el Tercer Milenio este Derecho Humano sigue siendo una utopía, para muchos países. Los dictadores le temen al periodismo como Drácula a La Cruz, y este miedo los hace cometer todo tipo de tropelías contra ellos, sin entender que la valentía es invencible.

Pobre del país donde la libertad de expresión deja de ser un elemental derecho humano, para transformarse en un acto de valentía.




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La aparte final de este artículo, fue citada n el artículo de opinión a seguir, por Arturo Yáñez Cortes.

Arturo Yáñez Cortes es un destacado profesional en el ámbito del Derecho y la justicia en Bolivia. Con una carrera que incluye ser Doctor en Derecho con excelencia por la USFXCH y haber obtenido su DEA en la Universitat de Valencia, España, Yáñez Cortes ha realizado estudios en varios países, incluyendo Puerto Rico, Japón, España, Perú, Uruguay, Argentina y Chile. Es miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales y de la Academia de Ciencias Jurídicas de Bolivia, y ha sido Coordinador Distrital de Defensa Pública en Chuquisaca. Además, ha sido consultor en proyectos de reforma procesal penal y director nacional del Instituto de Capacitación del Ministerio Público. Su investigación se centra en temas como la retroactividad de la ley penal en Bolivia y el Nuevo Código de Procedimiento Penal

¿Fobia a la discrepancia, burdo autoritarismo o miedo?

 

PAREMIOLOCOGÍ@Arturo Yáñez Cortes13/04/2026

 

La libertad de pensamiento y, especialmente su exteriorización mediante el ejercicio de libertad de opinión o expresión, como lo ha dejado resuelto vinculantemente la Corte IDH, constituyen, según su célebre doctrina, pilares de las genuinas sociedades y estados con estándares democráticos, pues si se los menoscaba o pierde se vaciaría de contenido la vigencia de principios esenciales de su existencia.

Además, mediante su también célebre “estándar de las dos dimensiones” se proclama que el contenido de la libertad de expresión se asienta tanto en su dimensión individual como colectiva, lo que comprende el derecho de uno y de todos para buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (incluso aquellas que son favorablemente consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, inquietan u ofenden al estado o a una parte de la población) ya que esas son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los que no existe una cultura democrática. ¡¡¡Laaaarga vida, entonces, a la libre circulación de ideas, sean las que sean!!!

Así el estado –elemental– del arte en la materia pues se trata, como hasta su denominación lo adelanta, de derechos fundamentales (esenciales vinculados a la dignidad humana) o simplemente humanos (en favor de toda persona e inalienables); no resulta sorprendente que en estas épocas, como está aquí ocurriendo en la capital, una factoría que opera como sociedad anónima, pero constituida por accionistas públicos (Alcaldía, Universidad y Gobernación) le esté metiendo nomás una cruzada en contra de nada más ni nada menos que esas libertades disparando en vía penal querellas SLAPP (litigios estratégicos contra la participación pública, buscando “chilling efects” o amedrentadores o enfriadores) en contra de quien opina y, especialmente, discrepa –así sea con sus mismos datos y fuentes oficiales– de su credo, tal cual fuera la biblia.

Si bien es cierto que no existen derechos absolutos y en el caso del que nos ocupa como regla la CADH surgen responsabilidades ulteriores que deben estar establecidas proporcional y formalmente por ley para satisfacer un interés público imperativo, la jurisprudencia vinculante de la Corte IDH acuñó su doctrina en sentido de que, tratándose de discursos especialmente protegidos en asuntos de alto interés público (que a todos nos interesa), esa vía penal no es convencional, sino más bien contraria a la CADH. Por tanto, no es punible. Esto porque de cada tipo penal se deduce una norma prohibitiva (difamación en el caso) como ejercicio lógico que permite determinar un ámbito social prohibido. No obstante –la Corte IDH así lo resuelve– no basta con la mera norma deducida del tipo para establecer este ámbito, porque las normas prohibitivas forman parte de un orden normativo o, al menos, se impone que sean entendidas de esta manera por los jueces y, entonces, un elemental principio de racionalidad interpretativa exige que una norma no puede prohibir lo que otra ordena, pues en tal caso el ciudadano carece de orientación conforme a derecho. Ante tal hipótesis, sería irracional entender que los tipos penales prohíben lo que otras normas (la CPE o la misma CADH) fomentan mediante sus garantías (sus arts. 21.5 y 6 y 13 respectivamente en este caso), por lo que entre esas actividades fomentadas está el ejercicio de la libertad de expresión, porque se trata de una actividad indispensable en una sociedad plural para ejercer el control público sobre actos de gobierno y administración.

Por lo que en casos como el comentado, cuando se trata de opiniones cuyo control responde a un interés público, se trata del ejercicio de una actividad expresamente protegida por la CADH y, consecuentemente, no puede considerarse encuadrada en una conducta tipificada por la ley penal.        

La solución entonces para esos casos –como la defensa del afectado lo ha planteado ante el Juez– es el control de convencionalidad y también de constitucionalidad, pues no puede aplicar simples normas legales infraconstitucionales y convencionales para resolver por encima de aquellas normas superiores en un tema de alto voltaje ciudadano y político como es el ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión en discursos especialmente protegidos por ser de alto interés público. El juez no es Tribunal Constitucional para derogarlas, pero sí debe realizar ese control, inaplicándola al caso concreto por orden del art. 256 de la CPE además de las garantías convencionales de los arts. 1; 2 y 29 a y b) de la CADH y 2.1. y 2 del PIDCYP que le obligan proceder con favorabilidad y no regresividad evitando incurrir en responsabilidades internacionales.

Si bien hoy el dos veces encausado es ese analista socioeconómico, mañana podría ser usted, yo o cualquier otro ciudadano que ose opinar sobre esos asuntos u otros similares y a algún cacique no le guste lo pensado o, peor aún, no le convenga o tema que pueda descubrirse algo peor escudriñando esos “secretos” que están tronando en el medio. ¿Será entonces fobia a la discrepancia o burdo autoritarismo? ¿O algo peor?: temor a que el periodismo de investigación y/o los analistas u opinadores develen algunas cosillas incómodas para el poder que no huelen nada bien. Por eso Jimmy Ortiz Saucedo sentenció: “Pobre del país donde la libertad de expresión deja de ser un elemental derecho humano para transformarse en un acto de valentía”.

 por los siglos de los siglos… “Todos los males de la democracia pueden curarse, con más democracia” (Alfred Emanuel Smith).

https://correodelsur.com/opinion/20260413/fobia-a-la-discrepancia-burdo-autoritarismo-o-miedo.html