IMPLEMENTEMOS LA CURRÍCULA REGIONALIZADA PARA SANTA CRUZ

Por Jimmy Ortiz Saucedo

 

Bolivia es un país profundamente heterogéneo: cultural, histórica, geográfica y ecológicamente. Por eso resulta absurdo pretender educar bajo una sola visión a un estudiante del altiplano, de los valles, de la Amazonía, del Chaco o de Santa Cruz, es una tara del centralismo moribundo.

La unidad de Bolivia no se construye uniformándonos. Se construye reconociendo nuestras diferencias y convirtiéndolas en una fortaleza. Durante demasiado tiempo el centralismo no solamente administró nuestros recursos: también pretendió decirnos qué historia debemos aprender, qué cultura debemos privilegiar y bajo qué visión debemos educar a nuestros hijos.

Eso tiene que terminar, ya estuvo de buen tamaño. El Departamento Autónomo de Santa Cruz debe ejercer su autonomía educativa y avanzar definitivamente hacia la implementación de una Currícula Regionalizada Cruceña, para nuestros estudiantes.

La Ley de Educación N.º 070 Avelino Siñani–Elizardo Pérez, tiene entre sus principales referentes históricos la experiencia de la Escuela Ayllu de Warisata. Reconocemos la importancia que tuvo para la educación indígena del occidente boliviano, pero Bolivia no termina en los Andes.

Santa Cruz tiene otra historia, otros pueblos indígenas originarios, otra geografía, otra cultura y una construcción social diferente. Durante los gobiernos del narco MAS, se pretendió imponer desde el Estado una visión predominantemente andinocéntrica e indigenista de Bolivia, acompañada de una fuerte carga ideológica, inspirada en el fracasado Socialismo del Siglo XXI.

La educación no puede convertirse en instrumento de adoctrinamiento político, ni estar al servicio de la ideología del gobierno de turno. La escuela debe enseñar a pensar, no decirles a nuestros hijos qué deben pensar.

Santa Cruz no necesita pedir permiso para tener identidad. Tenemos más de cuatro siglos de historia, pueblos indígenas originarios de nuestras tierras, tradiciones, valores propios y una larga lucha por la libertad, la democracia y la autonomía. Tenemos, además, el instrumento jurídico para avanzar. En mayo de 2023 se promulgó la Ley Departamental N.º 297, de Desarrollo Humano y Políticas Sociales para Niños, Niñas y Adolescentes sobre Educación y Currícula Regionalizada en Santa Cruz.

Esa ley no puede continuar siendo simplemente un documento archivado, debe ser puesta en marcha ahora mismo. Pero no queremos sustituir una imposición ideológica por otra. Nuestra Currícula Regionalizada debe mirar hacia nuestras raíces y, simultáneamente, hacia el tercer milenio de la humanidad. Debe enseñar: valores morales y éticos, nuestra historia, geografía, cultura y biodiversidad; valorar a nuestros pueblos indígenas originarios y transmitir principios que han acompañado la construcción de Santa Cruz: libertad, trabajo, ansias de progreso, esfuerzo, solidaridad, democracia, autonomía, respeto por la naturaleza y un inmenso amor por la Tierra Camba.

Pero identidad sin modernidad tampoco es suficiente. Nuestros estudiantes necesitan matemáticas, ciencias, tecnología, programación, inteligencia artificial, idiomas, educación financiera, emprendimiento, innovación, pensamiento crítico y conciencia ambiental. Necesitan prepararse para profesiones y actividades económicas que algunas veces todavía ni siquiera existen.

No podemos educar a los jóvenes del presente, con una educación diseñada mirando permanentemente hacia el pasado. Queremos una generación de Cruceños orgullosos de sus raíces y de su identidad, pero abiertos al mundo; jóvenes capaces de comprender su tierra y, al mismo tiempo, competir intelectualmente con cualquier joven del planeta.

Después de más de veinte años luchando por la autonomía, debemos comprender algo fundamental: la autonomía que no se ejerce termina convirtiéndose solamente en una palabra escrita en la Constitución. Santa Cruz debe comenzar a ejercer responsablemente las competencias conquistadas. Y pocas autonomías pueden ser más trascendentes que aquella que nos permita participar en la educación de nuestros hijos.

Implementemos la Currícula Regionalizada para Santa Cruz: Cruceña en sus raíces, boliviana en su integración y universal en su visión de futuro.

 

Jimmy Ortiz Saucedo

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https://eldeber.com.bo/opinion/implementemos-curricula-regionalizada-santa-cruz_1792107061 - (Solo se publicó en la versión digital).

 

 

PACTO FISCAL: RETOÑA LA LUCHA AUTONÓMICA

 Jimmy Ortiz Saucedo 

A lo largo de nuestra historia, cada generación de Cruceños ha tenido su propia lucha por el progreso y bienestar de Santa Cruz. En los últimos tiempos, nuestros abuelos pelearon por las regalías del 11%; nuestros padres protagonizaron la batalla por las autonomías; hoy nos corresponde librar una nueva batalla: la del Pacto Fiscal. Porque hay una verdad irrefutable: No hay autonomía sin plata.

La autonomía nunca fue un simple cambio administrativo, ni una bandera electoral, representa la aspiración Cruceña de decidir sobre su propio destino, frente a un Estado distante, de espaldas a los departamentos que lo componen. A lo largo de la historia, esa demanda adoptó distintas formas: federalismo, descentralización y autonomía, pero siempre persiguió el mismo objetivo: poner fin al centralismo que ha caracterizado al fracasado Estado boliviano.

Muchos creen que la lucha autonómica comenzó con los multitudinarios cabildos de inicio de los años 2000, se equivocan. Su origen se remonta a los primeros años de la República, ya en 1825 existían voces que reclamaban mayor capacidad para administrar nuestros propios recursos. En la navidad de 1876, Andrés Ibáñez encabezó la Junta Superior Federal del Oriente, convencido de que Bolivia necesitaba un sistema político más equilibrado.

A mediados del siglo XX, el Comité pro Santa Cruz retomó la bandera, impulsando una distribución más justa de la inversión pública y mayores competencias para las regiones, comenzando con la lucha por las regalías petroleras. El Cabildo del Millón, del 15 de diciembre de 2006, marcó un antes y un después. Recuerdo la fuerte efervescencia popular, demostrando que la autonomía había dejado de ser una consigna de dirigentes, para convertirse en una causa ciudadana.

Dos años después, el pueblo Cruceño ratificó democráticamente esa voluntad, mediante el referéndum autonómico. Finalmente, la Constitución de 2009 reconoció las autonomías departamentales. Sin embargo, el proceso quedó inconcluso. Se ganó la batalla política, pero no la económica.

Hoy, elegimos a nuestro gobernador por voto popular. Contamos con una Asamblea Legislativa Departamental y competencias reconocidas por la Constitución. Competencias muy lejanas a nuestras expectativas, pero competencias al fin. Sin embargo, la mayor parte de los recursos continúan concentrados en el gobierno nacional, con alrededor de un grosero 90%. Además, en una contradicción evidente: se transfieren responsabilidades, pero no el financiamiento necesario para ejercerlas plenamente. 

Veinte años después del mencionado referéndum nacional sobre autonomía; en el que Santa Cruz votó mayoritariamente a favor del régimen autonómico, la gran tarea pendiente tiene nombre y apellido: Pacto Fiscal.

Bolivia necesita discutir con seriedad un nuevo modelo de distribución de los recursos nacionales. Las propuestas técnicas existen desde hace años. El Comité pro Santa Cruz, la Gobernación, universidades, especialistas en finanzas públicas y diversas organizaciones han presentado alternativas viables. Incluso el presidente Rodrigo Paz, planteo una propuesta concreta, el 50-50. Lo que falta no son propuestas, sino voluntad política.

Por ello resulta alentadora la reciente conformación del Consejo Autonómico de Santa Cruz. Que el Comité pro Santa Cruz, la Gobernación, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Amdecruz y los representantes legislativos departamentales, se sienten en una misma mesa, constituye una señal política potente.

El Pacto Fiscal no debe convertirse en una disputa entre regiones, sino en un debate nacional sobre cómo construir un Estado más eficiente, más equitativo y más cercano a los ciudadanos.

Santa Cruz no pide privilegios, exige coherencia. Si las autonomías existen en la Constitución, deben existir también en el presupuesto. Ayer discutíamos competencias, hoy debemos discutir recursos. Ayer peleábamos por el reconocimiento político, hoy debemos consolidar la autonomía económica. Ese será el gran desafío de esta nueva generación. El Pacto Fiscal será el paso definitivo, para completar la obra iniciada por tantas generaciones de Cruceños, que lucharon por una nueva Bolivia.

La historia demuestra que las grandes transformaciones de Santa Cruz, nunca fueron fruto de la resignación, sino de la perseverancia. Ha llegado el momento de escribir un nuevo capítulo de esa larga lucha por una autonomía plena, moderna y financieramente sostenible. El centralismo nunca ha cedido voluntariamente sus privilegios, cada avance ha debido conquistarse mediante la movilización ciudadana y la presión democrática

La lucha continúa, solo ha cambiado de nombre. Ayer se llamaba 11%, hoy se llama Pacto Fiscal.

jimiortizsaucedo@gmail.com

 

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RETOÑA LA LUCHA AUTONÓMICA (envío previo)

 

El Pacto Fiscal puede convertirse en el paso definitivo para completar la obra iniciada por tantas generaciones de Cruceños, que lucharon por una nueva Bolivia. La historia demuestra que las grandes transformaciones de Santa Cruz, nunca fueron fruto de la resignación, sino de la perseverancia. Ha llegado el momento de escribir un nuevo capítulo de esa larga lucha por una autonomía plena, moderna y financieramente sostenible. El centralismo nunca ha cedido voluntariamente sus privilegios, cada avance ha debido conquistarse mediante la movilización ciudadana y la presión democrática

 La lucha continúa, solo ha cambiado de nombre: 

Ayer se llamaba 11%, hoy se llama Pacto Fiscal.

JUICIO POR EL BLOQUEO DE LOS 53 DÍAS

 

Hay acontecimientos que no concluyen cuando se levantan las barricadas. Permanecen en la memoria de los pueblos como una deuda pendiente, esperando que la verdad y la justicia lleguen algún día para cerrar heridas que el tiempo, por sí solo, nunca consigue cicatrizar.

Los cincuenta y tres días de bloqueo, marcaron uno de esos episodios. Mientras el país se paralizaba, hubo tres actores principales: los bloqueadores, el gobierno central y el pueblo. Este último, un actor inocente, silencioso y desamparado, que no tenía velas en este entierro. Millones de ciudadanos quedaron atrapados entre decisiones ajenas, soportando la incertidumbre, el desabastecimiento, la pérdida de empleos, el temor y el deterioro de una economía ya profundamente debilitada.

Las sociedades democráticas, no pueden construir su futuro sobre el olvido. Cuando hechos de semejante magnitud quedan sin esclarecimiento, el mensaje que recibe la ciudadanía es que la fuerza puede imponerse sobre el derecho. Máxime si se toma en cuenta que este bloqueo fue financiado por el narcotráfico, como informó el gobierno (ABI 14-05-26). Por eso, el proceso judicial iniciado por el Comité pro Santa Cruz, constituye mucho más que una acción legal: representa el intento de que las instituciones respondan allí donde la política fracasó.

La justicia tiene ahora una responsabilidad que trasciende a los nombres propios. Corresponderá determinar, con independencia y respeto al debido proceso, si existieron responsabilidades penales por las muertes ocurridas durante el conflicto, por los cuantiosos daños económicos sufridos por el país, por las afectaciones al libre tránsito y a otros derechos fundamentales, así como a lo que el gobierno calificó como golpe de Estado fallido (Reduno.com.bo 24-06-26), implicando la vulneraciones al orden constitucional y a los compromisos democráticos asumidos por Bolivia en el ámbito interamericano, en especial a La Carta Democrática Interamericana de la OEA.

No se trata de alimentar revanchas ni de prolongar divisiones. Se trata de establecer un principio indispensable para toda República: ninguna causa política puede justificar que una nación entera sea sometida al miedo, a la paralización o a la pérdida de vidas humanas. Cuando el sufrimiento colectivo deja de tener consecuencias jurídicas, la impunidad comienza a convertirse en costumbre. No lo debemos aceptar.

Bolivia necesita recuperar la confianza en sus instituciones. Necesita demostrar que el camino para resolver las diferencias no pasa por bloquear carreteras, asfixiar la economía o enfrentar a los ciudadanos entre sí, sino por fortalecer el Estado de Derecho. Solo así la democracia dejará de ser una consigna, para convertirse en una garantía efectiva de convivencia.

Si este juicio logra establecer responsabilidades conforme a la ley, su mayor legado no será una sentencia, sino un precedente. El precedente de que ningún proyecto político, por poderoso o abusivo que sea, puede situarse por encima de la vida, de la libertad y de los derechos de los bolivianos.

Porque los pueblos no solo tienen derecho a recordar. También tienen derecho a que la justicia les devuelva la confianza, de que su sufrimiento no fue en vano. Bolivia no puede resignarse, a que los bloqueos se conviertan en un instrumento habitual de presión política, cuando sus consecuencias recaen sobre quienes menos responsabilidad tienen en los conflictos: los ciudadanos comunes.

Por ello, quienes consideren que este juicio busca defender los derechos de la ciudadanía, la institucionalidad democrática, y todos aquellos bolivianos que aspiran a que nunca más el país vuelva a vivir una crisis semejante, deben apoyar de forma militante esta trascendental acción legal, adhiriéndose al proceso judicial iniciado por el Comité.  

Cuando el dolor colectivo amenaza con convertirse en costumbre, la justicia deja de ser una opción para transformarse en una necesidad histórica. La justicia tiene ahora la oportunidad de demostrar, que el Estado de Derecho puede imponerse sobre la violencia.

Bien por nuestros líderes cívicos. La institución asume la defensa, de quienes durante aquellos días quedaron sin voz y sin protección, frente al atropello de los violentos.

 

jimiortizsaucedo@gmail.com

 

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https://eldeber.com.bo/opinion/juicio-bloqueo-53-dias_1784491135

 

SOMOS AUTONOMISTAS, NO TERRORISTAS

 Jimmy Ortiz Saucedo

 Esta fue la lapidaria sentencia que llevaban en el pecho, los falsamente acusados de terrorismo, por el Montaje del Hotel Las Américas, en los juzgados de la dictadura masista, dirigidos por el fiscal Marcelo Sosa, la jueza Betty Yañiquez y el juez Sixto Fernández, principalmente.

Este caso, conjuntamente con el de La Masacre del Porvenir en Pando, fueron los casos de Terrorismo de Estado más claros y sangrientos del narco gobierno de Evo Morales, en su afán de desarticular a cualquier costo; inclusive recurriendo a la violencia desmedida y a la muerte, la resistencia democrática de la Media Luna, que lo tenía contra las cuerdas.

Pero nada queda impune eternamente. Pasada la larga noche del populismo cocalero, nuevos vientos corren por Bolivia y comienza a vislumbrarse una justicia diferente, aunque aún le queda mucho camino por recorrer.

Como dice la Biblia: “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado”. Eclesiastés 3:1-3”. También hay un tiempo para judicializar la política y otro tiempo para pagar los daños que causaron por tamaño abuso. Daños causados a la democracia boliviana, a Santa Cruz, a la autonomía, así como a los injustamente perseguidos, encarcelados, exiliados y a sus familias. Ese tiempo llegó.

El 16-04-26, a tiempo de cumplirse los 17 años de La Masacre del Hotel Las Américas, el Comité pro Santa Cruz invitó a los falsamente acusados de terrorismo, a una reunión en la casa cívica, para reivindicar su heroica valentía y su perseverancia, en la lucha por conquistar nuestra autonomía, así como para dejar claro que fueron las víctimas inocentes, de un gobierno terrorista y antidemocrático; típico del Socialismo Siglo XXI, que lastimó desde el Estado la sociedad civil, dueña de la soberanía popular.

En la reunión mencionada, su vicepresidente Agustín Zambrana, a nombre de la institución, hizo la siguiente declaración:

1.  Nos comprometemos a acompañar todos los procesos judiciales que ellos tomen

2.     Exigiremos a nuestra clase política y a las autoridades de gobierno que, a través de la procuraduría, se borre la palabra terrorista de todos sus expedientes públicos y se les devuelva la cualidad de ciudadanos honorables

3.     Que, a través del Tribunal Supremo de Justicia, se pida la extradición del ex fiscal Marcelo Sosa

4.     Vamos a acompañar la causa internacional que hay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para lo cual exigimos que el gobierno agilice este proceso, explicando la verdad de lo que sucedió, para conocer a los responsables de la masacre y la persecución, castigando a los culpables y otorgando el resarcimiento a los damnificados.

Punto alto en la reunión fueron las palabras cargadas de sentimiento de Juan Carlos Guedes Bruno, quien, a tiempo de agradecer al Comité en nombre de todos ellos, recordó las palabras motivadoras de nuestro recordado Gral. Gary Prado Salmon (+), que les repetía constantemente: “no nos van a doblegar”. Palabras que los llenó del coraje que los caracterizó, durante esta página negra de la historia boliviana, que necesita ser recordada, esclarecida y castigada con todo el peso de la ley, para que tamaña aberración, nunca más vuelva a suceder en Bolivia. 

Los Cruceños tenemos mucho que agradecer a estos autonomistas, que demostraron lealtad, firmeza y fortaleza en la defensa de una causa que consideraban justa para su pueblo. Su ejemplo de perseverancia y convicción constituye una referencia valiosa para las nuevas generaciones y una página de la historia Camba que merece ser conocida y recordada.

 

jimiortizsaucedo@gmail.com

 

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https://eldeber.com.bo/opinion/somos-autonomistas-no-terroristas_1780474111

RECUPEREMOS LA MORAL PUBLICA

Después de veinte años de una fuerte degradación moral; sin precedentes en la historia boliviana, que nos dejó el narco-MAS, resulta imperativo comenzar a recuperar la moral pública perdida. Se siente en las calles, se comenta en reuniones familiares, se discute en tertulias informales y aparece como preocupación recurrente en el ciudadano común. Sin embargo, sorprende la escasa importancia que nuestras autoridades le asignan, como si se tratase de un asunto de poca monta, cuando en realidad constituye uno de los pilares sobre los que descansa la convivencia democrática y el futuro mismo del país.

La destrucción de la moral pública, es el legado más nefasto del populismo cocalero en Bolivia. Cuando la política se divorcia de la moral, el poder deja de ser un instrumento para el bien común y se convierte en un fin en sí mismo. Se relativizan las normas, se justifican los abusos y se normaliza lo que antes era inaceptable. Así, la sociedad comienza a tolerar prácticas que erosionan lentamente la confianza pública, debilitando el tejido moral que sostiene la vida colectiva.

No me cansaré; como lo he hecho tantas veces en mis columnas de opinión, el seguir reivindicando una sociedad, un gobierno y, finalmente, un Estado que caminen a la luz de una moral pública decente. La moral no es un concepto abstracto ni una idea reservada a la filosofía; es la base sobre la que se asienta la vida de un país. Es el mar de fondo donde la comunidad desarrolla su existencia y expresa su alma colectiva. Cuando ese mar se contamina, todo lo demás se resiente: la justicia pierde credibilidad, la política se degrada, la economía se distorsiona y la convivencia se vuelve frágil. Por eso, la moral pública no es un tema menor; es una condición sine qua non para el desarrollo y la estabilidad nacional.

La brutal corrupción que hoy se observa en Bolivia, es un resultado natural de la falta de moral imperante. Cuando el relativismo moral se impone, muchos terminan vendiendo su alma al diablo, a cambio de fortuna o privilegios. Ya no importa el cómo, sino únicamente el cuánto. El éxito deja de medirse por el mérito y pasa a medirse por la acumulación de riquezas, aun cuando estas provengan de prácticas indebidas, llegando incluso a inmiscuirse con el abominable narcotráfico. Este deterioro cultural genera un círculo vicioso: la corrupción alimenta la desconfianza, la desconfianza debilita las instituciones y las instituciones debilitadas facilitan más corrupción. Así, el país entra en una espiral que compromete su presente y amenaza su futuro.

Hubo tiempos en los que la formación moral era parte integral de la educación formal. Nuestros abuelos estudiaban en las escuelas el Manual de Carreño, donde se enseñaban deberes ciudadanos, normas de conducta y principios de convivencia. Ese tipo de formación contribuía a construir una sociedad con mayor sentido del respeto y la responsabilidad. Hoy, en cambio, se ha relegado la educación moral a un plano secundario, como si la instrucción técnica bastara para formar ciudadanos. Pero no se cosecha lo que no se siembra, si no inculcamos valores, no podemos esperar conductas virtuosas; si no promovemos la decencia, no podemos exigir honestidad.

La moral es el parámetro que marca el verdadero grado de evolución de una sociedad. No basta con indicadores económicos o avances tecnológicos, el progreso auténtico se mide por la calidad ética de la vida pública. Una nación puede crecer en infraestructura y riqueza, pero si se deteriora moralmente, ese crecimiento será frágil y eventualmente insostenible. La historia demuestra que los Estados no solo colapsan por crisis económicas o conflictos externos, sino también por la pérdida de valores que sostenían su cohesión interna. Por ello, la moral pública es un tema básico para el progreso, el bienestar y, en última instancia, la subsistencia de los Estados.

El desafío más grande que tiene Bolivia, es que la ética llegue al poder, parafraseando a Adela Cortina, la filósofa española. Es momento de que los conductores de nuestra sociedad, den la cara por este desafío. La responsabilidad no recae únicamente en los políticos; también involucra a las familias, las escuelas, los colegios, las universidades y los medios de comunicación. Todos cumplimos un rol en la formación de la conciencia colectiva. La familia transmite los primeros valores; la escuela los refuerza; la universidad los madura; y los medios influyen en la percepción social de lo correcto y lo incorrecto. Si cada uno asume su responsabilidad, será posible iniciar una reconstrucción moral que fortalezca la vida pública.

No permitamos que la inmoralidad se endiose en nuestra sociedad. No permitamos que el dinero y los bajos instintos definan el rumbo de nuestra convivencia. Recuperemos la decencia legada por nuestros ancestros, esa que se fundaba en el honor, el respeto a la palabra y el sentido del deber. La reconstrucción moral no ocurrirá de la noche a la mañana, pero debe comenzar con una decisión firme: volver a colocar la ética en el centro de la vida pública. Solo así podremos aspirar a una Bolivia más justa, más transparente y más digna para las generaciones futuras.

 

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https://eldeber.com.bo/opinion/recuperemos-moral-publica_1777941375

https://eju.tv/2026/05/recuperemos-la-moral-publica/

Recuperemos la moral pública - El Diario - Bolivia

https://www.youtube.com/watch?v=nAv0ioQIxk8

RECUPEREMOS LA MORAL PUBLICA | Noticias El Periódico Tarija

https://notibol.com/noticia/bo/69f9e8773b338/recuperemos-la-moral-publica#google_vignette

"Crítica Política": RECUPEREMOS LA MORAL PUBLICA

Recuperemos la moral pública El Potosí

 

LUCES Y SOMBRAS DE LAS RECIENTES ELECCIONES DEPARTAMENTALES, DEL 22 DE MARZO 2026.

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Luces: la asistencia masiva y en paz del pueblo boliviano, que acudió las urnas con la esperanza de que las nuevas autoridades mejorarán su vida y la vida de Bolivia, después de 20 años del oscurantismo narco delincuencial del MAS.

Sombras: la deficiente y hasta sesgada actuación del Tribunal Departamental Electoral (TDE) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que dejo un sabor amargo en la ciudadanía, especialmente en Santa Cruz.

¿Cómo es posible que existan en la papeleta electoral, candidatos inhabilitados? En buen romance, esto fue una estafa al electorado, nos vendieron gato por liebre.

¿Cómo es posible que existan en la papeleta electoral, candidatos sin foto?

¿Cómo es posible que los candidatos más votados en las papeletas electorales, no ganen la elección?

¿Cómo es posible, que la justicia defina; sesgadamente, quienes son candidatos y quienes no? Necesitamos una justicia electoral especializada e independiente, como la que existe en Argentina.

Todas estas irregularidades; por decir lo menos, erosionan la confianza publica en sus autoridades electorales, y en el ya desprestigiado Poder Judicial.

Yo me pregunto:

 ¿Son ellos dignos de la confianza del pueblo boliviano?

¿Son ellos idóneos, para manejar estas importantes instituciones?

¿Tienen ellos la ética necesaria para ejercer tan importantes funciones?

Mas allá de estas preguntas, ya es hora que la ética llegue al poder, dejando atrás la larga noche narco masista. Necesitamos una Bolivia y una democracia decente.

Jimmy Ortiz Saucedo

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¿CUÁNDO INSTITUCIONALIZARÁN LOS CARGOS PÚBLICOS?

Jimmy Ortiz Saucedo

No me cansaré de reivindicar esta sentida necesidad de la política nacional. Vengo insistiendo en ello, desde 1977 en varios artículos de opinión, publicados en periódicos nacionales, a casi 50 años de la fecha.

La falta de cargos públicos institucionalizados, es una de las falencias más graves que tiene el Estado Boliviano, que necesita ser corregida, si queremos tener verdaderos servidores públicos meritocráticos y estables, que trabajen por el bien común, independiente de los mandatarios coyunturales. Los que tenemos no son funcionarios públicos, son mayoritariamente funcionarios del partido de turno.

Ni neoliberales, ni narco-masistas me dieron pelota, pero seguiré insistiendo en ello. Necesitamos modernizar y legitimar la administración pública, tal como la tienen los países del vecindario, para no mirar más lejos.

Hace poco tiempo, el presidente Rodrigo Paz, hacía notar lo que estaba pasando en el interior de YPFB: “En palabras del mandatario, al interior de la estatal petrolera hay instaladas "mafias" que operan desde dentro y realizan "boicots" en contra de la empresa.” (El Deber 06-02-26). Señor presidente, la grave falencia que usted apunta, se debe precisamente a la falta de funcionarios públicos institucionalizados.

Afines del siglo pasado, se hicieron esfuerzos al respecto, con apoyo de organismos internacionales, a quienes les queda claro la vital importancia de este tema. Conocí la experiencia en el sistema financiero nacional; donde trabajaba en la época, vi en primera persona la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia, bajo la gestión de Jacques Trigo, que recibió apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) a finales de los años 90. Este respaldo fortaleció la regulación bancaria, la supervisión basada en riesgos, el manejo de crisis financieras e institucionalizó los cargos de la Superintendencia. Desgraciadamente la llegada del MAS al poder, tiro por la borda todo este esfuerzo, volviendo al viejo sistema de elegir funcionarios públicos a sus afines ideológicos, bajo el simulacro de un concurso de méritos.

Para desdicha de todos, los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas, no han tomado este importante asunto con la seriedad que merece, principalmente por que los cargos públicos son una fuente de pegas para la militancia, taras de un pasado que es necesario superar y que convierte a los partidos políticos en agencias de empleo para oportunistas, que por lo general no buscan servir a la patria, sino servirse de ella.

Es de conocimiento de la ciudadanía que, en cada cambio de gobierno, se procede también a un fuerte cambio en administración pública, ralentizando en buena medida el arranque de la gestión y a veces incluso la boicotean, como lo expuso líneas arriba Rodrigo Paz en YPFB, y también lo sintió en carne propia la Expresidenta Janine Añez. Los nuevos funcionarios tardan unos 6 meses en adaptarse y comenzar a producir. Así mismo, los 6 meses previos a las elecciones generan inestabilidad laboral y presión para trabajar “voluntariamente” en la campaña que se avecina. Este efecto combinado provoca una paralización del aparato estatal de alrededor de un año, tanto en elecciones nacionales como municipales, un lujo que el país no puede darse.

Un país pobre como el nuestro, donde más que en otros los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas, debe tener a sus mejores hijos administrando la cosa pública; que es nuestra empresa más importante, para que de esta manera se administre con sabiduría la pobreza.

Los funcionarios públicos deberían ser escogidos mediante un concurso de mérito, para de esta forma garantizar tanto su idoneidad como también la imparcialidad del gobierno de turno respecto a su elección. Esto dará al funcionario la tranquilidad necesaria que da la estabilidad laboral de largo plazo. Los funcionarios públicos escogidos de esta forma, deben ser los mejor pagados del país, puesto que en sus manos se encuentra en gran manera el destino de la patria. Así como también, para inmunizarlos contra el virus más común de la administración pública, como es la corrupción.

Ya es hora que la ciudadanía en general y los políticos en particular, tomen en su debida dimensión esta imperiosa necesidad, puesto que dignificar al funcionario público, significa dignificar la nación.

jimiortizsaucedo@gmail.com

 

 

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RECUPEREMOS LA VERDADERA DEMOCRACIA

 

Jimmy Ortiz Saucedo

Nunca me cansaré de reivindicar el derecho que tenemos los pueblos del mundo a la democracia, la más grande conquista política de la historia humana. La democracia que nos legaron los griegos, en tiempos de Solón, Clístenes y Pericles, alrededor del año 500 Ac.

Nos debe quedar absolutamente claro, que la pseudodemocracia que tenemos actualmente en Bolivia, es un pálido reflejo de la auténtica, el narco masismo la destruyó hasta donde pudo, en estos 20 años de oscurantismo retrógrado, racista y corrupto, siguiendo los mandatos del trasnacional Foro de San Pablo/Grupo de Puebla, herederos del comunismo que tanto daño ha causado en el mundo. Ellos son totalitarios por naturaleza, pero tuvieron la cobardía de protegerse en los cálidos ropajes de nuestra democracia, porque es hoy por hoy lo políticamente correcto, pero su alma tiránica, no se lo permitió.

A lo largo de la historia moderna, políticos de izquierda y de derecha, tenían diferentes concepciones de lo que era democracia, cada uno interpretándola según su conveniencia, hasta que llegó la Carta Democrática Interamericana de la OEA, el documento más avanzado y explícito en el mundo actual, de lo que significa la democracia verdadera. Atrás quedaron las concepciones acomodaticias, para que incluso pudieran caber en ella caricaturas “democráticas” como la del Movimiento al Socialismo.

Esta Carta fue aprobada unánimemente por los políticos del continente, en el vigésimo octavo período extraordinario de sesiones, celebrada el 11 de septiembre de 2001, en Lima-Perú, la que expresa en partes salientes:

“Artículo 1.- Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.”

“Artículo 3.- Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.”

Esta es la verdadera democracia, lo demás son cuentos chinos, para embaucar a gente desinformada que, ante su desconocimiento, no la exigen a los gobernantes de turno ni al Estado. Nuestra libertad, nuestro patrimonio, e incluso nuestra propia vida, dependen de ella. Desgraciadamente la OEA, no ha hecho los esfuerzos necesarios para su masiva divulgación, menos aún el Estado Boliviano.

La Democracia no se limita únicamente a las elecciones. ¡Es muchísimo más que eso! no es simplemente ir a votar un domingo cada 5 años, solo el voto no legitima la Democracia. Además, el voto no es un cheque en blanco, para el que llegue al poder haga lo que le dé la gana. Eso no es Democracia.

Democracia es respetar los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, es vivir al amparo de un Estado de Derecho. ¡Sin respeto los Derechos Humanos no hay democracia! ¡Sin Estado de Derecho no hay democracia! Democracia es elecciones libres sin voto comunitario ni fraude, donde el Estado fomente el pluripartidismo y se respete la independencia de poderes. Sin ello tampoco existe Democracia.

Desde la aparición de esta Carta, la democracia ya no la define cada uno como le conviene, existen estos 5 puntos que la definen con meridiana claridad, no hay donde perderse.

Los bolivianos tenemos que recuperar la verdadera democracia, no nos conformemos con menos. Desde los tiempos de la Grecia antigua, hasta nuestros tiempos, no ha surgido nada mejor en la política, antídoto contra Reyes del pasado, tiranos y caudillos del presente.

 

 jimiortizsaucedo@gmail.com

 

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LOS MANDATOS DEL ESTATUTO AUTONÓMICO ORIGINAL

 

Germán Antelo Vaca - Jimmy Ortiz Saucedo

El mes pasado escribimos un artículo titulado: “Recuperemos Nuestro Estatuto Autonómico Original”, reivindicando la necesidad de recuperar este valioso documento, que ganó con el 85,6% en Santa Cruz, en el referéndum popular del 04/05/2008. Decíamos en parte salientes: “Jamás aceptaremos que nuestro estatuto original, sea subordinado a la constitución de La Calancha” (…) “Será nuestra referencia indeclinable”.

Hoy queremos recordar a nuestro pueblo; especialmente a la gente joven y a nuevos migrantes que llegaron a vivir entre nosotros, partes salientes de los mandatos autonómicos que el contiene, para que vuelvan a palpitar en nuestros corazones, como lo hicieron en aquellas épicas gestas de principios del siglo XXI. Lo presentamos a continuación:

- “El Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz es la norma fundamental que organiza el autogobierno departamental dentro del Estado boliviano. Nace de la vocación histórica de autonomía del pueblo cruceño.”

- “Todos los bolivianos con domicilio en Santa Cruz son reconocidos como ciudadanos cruceños, con plenos derechos.”

- “Competencias exclusivas: Santa Cruz tiene potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva en áreas clave como: educación en todos los niveles Agricultura, ganadería, bosques y tierras, medioambiente y biodiversidad, energía, telecomunicaciones y electrificación, comercio, industria, turismo y transporte, ordenamiento territorial y vivienda, tributos departamentales, cultura, patrimonio e investigación científica.”

- “Competencias compartidas: Se ejercen junto al Estado nacional, por ejemplo en: Salud, seguridad ciudadana, recursos naturales, derechos laborales, medios de comunicación, pueblos indígenas. relaciones internacionales de interés departamental.”

- “Competencias de ejecución. - Santa Cruz aplica leyes nacionales en materias como banca, aeropuertos, sistema penitenciario, registro civil y seguridad social, con potestad reglamentaria propia. El Estatuto incorpora el principio de subsidiariedad, según el cual el nivel de gobierno más cercano al ciudadano debe ejercer las funciones cuando el nivel central no lo haga eficazmente.”

- El “Ejecutivo Departamental está encabezado por el Gobernador, elegido por voto directo para cinco años, con posibilidad de una reelección discontinua. El Ejecutivo incluye además al Vicegobernador, Secretarios Departamentales, Subgobernadores y Corregidores. El Gobernador es la máxima autoridad política y administrativa del Departamento y tiene atribuciones como: Ejecutar y reglamentar las leyes, elaborar el presupuesto, dirigir la administración pública, proponer políticas de desarrollo, representar al Departamento, nombrar autoridades departamentales.”

- “Regímenes especiales. - El Estatuto crea 17 regímenes autonómicos, entre ellos: educación y cultura, salud y seguridad social, pueblos indígenas, justicia, derechos humanos, recursos naturales, desarrollo rural, régimen económico y financiero. Estos regímenes estructuran la acción del gobierno departamental en áreas estratégicas.”

En Suma: El Estatuto Autonómico de Santa Cruz, configura un modelo de autogobierno amplio, democrático y descentralizado, que transfiere al Departamento competencias claves para su desarrollo económico, social y cultural. No plantea la separación de Bolivia, sino una reorganización del poder para que las decisiones se tomen más cerca del ciudadano, respetando la diversidad cultural, fortaleciendo la democracia y garantizando los derechos fundamentales del pueblo Cruceño.

Esta es una apretada síntesis de nuestro Estatuto Autonómico Original del 2008, por el que voto el pueblo cruceño y aprobó por una amplia mayoría, que no puede ser olvidado. Recomendamos su lectura in extenso.

jimiortizsaucedo@gmail.com - gantelo75@gmail.com

 

Publicado en:

https://eldeber.com.bo/opinion/mandatos-estatuto-autonomico-original_1770250187

 

RECUPEREMOS NUESTRO ESTATUTO AUTONÓMICO ORIGINAL

 

German Antelo Vaca - Jimmy Ortiz Saucedo

La autonomía no es de hoy, fue de siempre, somos autónomos por naturaleza. Nuestras ansias de libertad están profundamente arraigadas en el alma Cruceña, heredadas del alma libre de nuestros ancestros nativos. No otra cosa fue la prematura elección en el cabildo del 1568, de Don Diego de Mendoza como gobernador; a la muerte de Ñuflo de Chaves, a pocos años de la fundación de Santa Cruz La Vieja, desafiando los designios de la Corona Española, que nos tildó de ciudad levantisca. En realidad, éramos y seguimos siendo, una ciudad libre.

De entonces a nuestros días, muchos hechos autonómicos han sido moneda corriente en la Tierra Camba. La última hola autonómica comenzó con los multitudinarios cabildos a partir de 2004, y fue la más fuerte, democrática y larga de todas. En este marco se llevaron adelante dos referéndums históricos, que tienen que ver con nuestro estatuto autonómico original de 2008, que dieron mandatos claros:

1) El referéndum por la Autonomía departamental. – Este se realizó el 02/07/2006 y la pregunta era la siguiente: “¿Está usted de acuerdo, en el marco de la unidad nacional, de dar a la Asamblea Constituyente el mandato vinculante para establecer un régimen de autonomía departamental, aplicable inmediatamente después de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en los departamentos donde este referéndum tenga mayoría, de manera que las autoridades sean elegidas directamente por los ciudadanos y reciban del Estado Nacional competencias ejecutivas, atribuciones normativas administrativas y los recursos económico-financieros que les asigne la nueva Constitución Política del Estado y las leyes?”. El 71,11% votó por él SI en Santa Cruz.

2) El referéndum por el estatuto autonómico de Santa Cruz. – Este se realizó el 04/05/2008 y la pregunta era la siguiente: “¿Decide usted la ratificación y puesta en vigencia del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz, aprobado el 15 de diciembre de 2007 por la Asamblea Provisional Autonómica para que de manera inmediata se constituya en la norma institucional básica del departamento y sea de cumplimiento obligatorio para todos los que habitan y ejercen la función pública en el departamento?”. Gano el SI con el 85,6%. Cabe destacar, que la Asamblea Provisional Autonómica, fue creada por mandato del Cabildo del Millón, de 15 de diciembre de 2006, y estaba compuesta por concejales municipales, consejeros departamentales, parlamentarios nacionales Cruceños y constituyentes Cruceños. Todos ellos elegidos por voto popular, fue una genuina expresión de la soberanía del pueblo.

La aprobación de la constitución masista el 2009, hizo que las autoridades políticas de la época; pese a la fuerte resistencia de vastos sectores Cruceños, “adecuaron” nuestro estatuto a esta nueva constitución. Constitución que tuvo un tortuoso proceso de aprobación, construida en un cuartel militar, con asesinatos de jóvenes bolivianos en La Calancha y finalmente concluida fuera de término en Oruro.

El pueblo Cruceño jamás renunciará al Estatuto Autonómico, que fue aprobado por una amplísima mayoría del 85,6 %, en el referéndum del 04/05/2008, posteriormente “compatibilizado” con una constitución que perdió con otra amplia mayoría del 65,25 % en Santa Cruz, lo que fue compatibilizar el agua y el aceite.

La contundencia de estos dos referéndums, nos da pie para pedir a nuestras autoridades políticas y líderes Cruceños; ahora que la noche negra narco masista ya no está entre nosotros, sacar nuevamente a la luz el estatuto original, no solo por respeto a nuestra historia autonómica, sino por respeto a la voluntad del pueblo Cruceño, expresada en el referéndum del 2008, máxima expresión de la democracia directa. Es absolutamente inadmisible, desobedecer el mandato de este referéndum. Tenemos que reconducir este proceso. El categórico referéndum que aprobó el estatuto original, tiene muchísima más legalidad y legitimidad, que las autoridades políticas y judiciales que lo “compatibilizaron” con la constitución masista. Jamás aceptaremos que nuestro estatuto original, sea subordinado a la constitución de La Calancha.

Es importante destacar, que el referéndum del 04/05/2008, es la máxima expresión autonómica de la historia Cruceña republicana, allí esta expresado nuestro ideal de autonomía. Porque Santa Cruz no pidió permiso para ser autónoma: decidió serlo.

El Estatuto Autonómico Cruceño 2008, seguirá siendo nuestro faro autonómico. Será nuestra referencia indeclinable y solo será cuestión de tiempo conseguirla. Los pueblos que persisten, jamás pierden sus luchas, esa es la experiencia histórica mundial.

jimiortizsaucedo@gmail.com

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