Hay acontecimientos que no concluyen cuando se
levantan las barricadas. Permanecen en la memoria de los pueblos como una deuda
pendiente, esperando que la verdad y la justicia lleguen algún día para cerrar
heridas que el tiempo, por sí solo, nunca consigue cicatrizar.
Los cincuenta y tres días de bloqueo, marcaron uno de
esos episodios. Mientras el país se paralizaba, hubo tres actores principales:
los bloqueadores, el gobierno central y el pueblo. Este último, un actor
inocente, silencioso y desamparado, que no tenía velas en este entierro.
Millones de ciudadanos quedaron atrapados entre decisiones ajenas, soportando
la incertidumbre, el desabastecimiento, la pérdida de empleos, el temor y el
deterioro de una economía ya profundamente debilitada.
Las sociedades democráticas, no pueden construir su
futuro sobre el olvido. Cuando hechos de semejante magnitud quedan sin
esclarecimiento, el mensaje que recibe la ciudadanía es que la fuerza puede imponerse sobre el derecho. Máxime si se toma
en cuenta que este bloqueo fue financiado por el narcotráfico, como informó el
gobierno (ABI 14-05-26). Por eso, el
proceso judicial iniciado por el Comité pro Santa Cruz, constituye mucho más
que una acción legal: representa el intento de que las instituciones respondan
allí donde la política fracasó.
La justicia tiene ahora una responsabilidad que
trasciende a los nombres propios. Corresponderá determinar, con independencia y
respeto al debido proceso, si existieron responsabilidades penales por las
muertes ocurridas durante el conflicto, por los cuantiosos daños económicos
sufridos por el país, por las afectaciones al libre tránsito y a otros derechos
fundamentales, así como a lo que el gobierno calificó como golpe de Estado
fallido (Reduno.com.bo 24-06-26), implicando la vulneraciones
al orden constitucional y a los compromisos democráticos asumidos por Bolivia
en el ámbito interamericano, en especial a La Carta Democrática Interamericana
de la OEA.
No se trata de alimentar revanchas ni de prolongar
divisiones. Se trata de establecer un principio indispensable para toda
República: ninguna causa política puede
justificar que una nación entera sea sometida al miedo, a la paralización o a
la pérdida de vidas humanas. Cuando el sufrimiento colectivo deja de tener
consecuencias jurídicas, la impunidad comienza a convertirse en costumbre. No
lo debemos aceptar.
Bolivia necesita
recuperar la confianza en sus instituciones. Necesita
demostrar que el camino para resolver las diferencias no pasa por bloquear
carreteras, asfixiar la economía o enfrentar a los ciudadanos entre sí, sino
por fortalecer el Estado de Derecho. Solo así la democracia dejará de ser una
consigna, para convertirse en una garantía efectiva de convivencia.
Si este juicio logra establecer responsabilidades
conforme a la ley, su mayor legado no será una sentencia, sino un precedente.
El precedente de que ningún proyecto político, por poderoso o abusivo que sea,
puede situarse por encima de la vida, de la libertad y de los derechos de los
bolivianos.
Porque los pueblos no solo tienen derecho a recordar.
También tienen derecho a que la justicia les devuelva la confianza, de que su
sufrimiento no fue en vano. Bolivia no puede resignarse, a que los
bloqueos se conviertan en un instrumento habitual de presión política,
cuando sus consecuencias recaen sobre quienes menos responsabilidad tienen en
los conflictos: los ciudadanos comunes.
Por ello, quienes consideren que este juicio busca
defender los derechos de la ciudadanía, la institucionalidad democrática, y
todos aquellos bolivianos que aspiran a que nunca más el país vuelva a vivir
una crisis semejante, deben apoyar de forma militante esta trascendental acción
legal, adhiriéndose al proceso judicial iniciado por el Comité.
Cuando el dolor colectivo amenaza con convertirse en
costumbre, la justicia deja de ser una opción para
transformarse en una necesidad histórica. La justicia tiene ahora la
oportunidad de demostrar, que el Estado de Derecho puede imponerse sobre la
violencia.
Bien por nuestros líderes cívicos. La institución
asume la defensa, de quienes durante aquellos días quedaron sin voz y sin
protección, frente al atropello de los violentos.
Publicado en:
https://eldeber.com.bo/opinion/juicio-bloqueo-53-dias_1784491135
