Con mucha preocupación veo como se escala el insensato conflicto por el TIPNIS. En un país que honre la plurinacionalidad y el medioambiente, no tendría por qué darse. Pero vivimos en un país que estos postulados no se respetan, son enunciados constitucionales vacíos de contenido. Un simple embuste de la retórica nacional.
Su Excelencia Evo Morales lo decidió así, “quieran o no”, como lo dijo literalmente desde el principio. Todo lo demás fue parte de una puesta en escena del teatro boliviano.
“La selva más
hermosa del mundo” de Alcides d'Orbigny llega a su fin, arrastrando para siempre
con ella una cultura y una forma de vida.
Quisiera destacar tres aristas de esta tragedia
nacional, haciendo un especialísimo hincapié en la tercera:
1) Los daños a la
naturaleza, fomentados por “el paladín” de la madre tierra. Esta es una inconsecuencia monumental del
Presidente Morales. Se presentó en foros nacionales e internacionales como un
férreo defensor de su pachamama, y hoy destruirá 2 millones de árboles. La
bella selva milenaria del TIPNIS, que encantan a propios y extraños, serán sustituidos por el negro asfalto de la
brasilera OAS.
2) La necesidad de los cocaleros del Chapare de expandir su “frontera agrícola”. Esta fue una promesa de campaña, la
palabra empeñada del Presidente de las federaciones de cocaleros del trópico,
para poder seguir siendo viables. Fue una promesa a los cocaleros que compran
coca de los Yungas para mascar. Ya destruyeron el Chapare, hoy irán por nuestro
TIPNIS.
No faltará provisión del producto estrella de aportación chapareña, para seguir envenenar al mundo.
3) El genocidio que
les espera a los indígenas que habitan el TIPNIS. Esta es una faceta poco explorada del
conflicto TIPNIS. Incluso los propios indígenas no le han dado la debida
importancia. Les aseguro que se repetirá la trágica historia de los Yuquis en
el trópico cochabambino.No faltará provisión del producto estrella de aportación chapareña, para seguir envenenar al mundo.
Los indígenas de tierras bajas saben por experiencia de sus hermanos Yuquis lo que les puede pasar si los cocalero de Morales entran a sus tierras. Lo que les espera es el genocidio de los Yuquis en el Chapare, que inexplicablemente a nadie en Bolivia ni en el mundo les interesa, pese a que es un crimen internacional de lesa humanidad.
La periodista Gisela López Rivas, en un reportaje publicado en el periódico El Deber del 26-03-2006 (Ver por extenso al final del esta nota), muestra la tragedia que está viviendo ésta etnia originaria, a manos de los colonos cocaleros. Dice en partes salientes del reportaje:
“No podemos ir a vivir a Chimoré. Dicen que solamente podremos ir a vender nuestras cositas, las flechas y la artesanía que hacemos y que, después de dos o tres días, tenemos que volver”, dijo el cacique mayor de la comunidad de Biá Recuaté, Walter Itoira. Los yuqui tienen clara la figura: están prohibidos de intentar quedarse a vivir en Chimoré, la población urbana más próxima a la comunidad indígena que cobija a menos de dos centenares de originarios de esta etnia que está en vías de extinción”.
El Presidente Morales está a tiempo todavía de detener
esta locura, para bien de su credibilidad, de la naturaleza, de la estabilidad
social y de la democracia.
---------------------------------------------------
- Publicado en la web icees.org.bo el 14 de abril de 2012.
- Publicado en la web CIDOB, el 11 de agosto de 2008
http://www.cidob-bo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1485:potencial-genocidio-en-el-tipnis&catid=82:noticias&Itemid=2
------------------------------------------------
Publicado en:
- Mi Blog “Critica Política” en fecha 1 de marzo de
2012.
http://jimiortizsaucedo.blogspot.com/2012/03/potencial-genocidio-en-el-tipnis.html
- El periódico digital Analítica de Venezuela, columna
Internacional, en fecha 3 de marzo de
2012. http://www.analitica.com/va/internacionales/opinion/1162428.asp
- En la web de HACER
Latin American Wews, en
fecha 8-03-12.
- En la web cubanosusa.com
en
fecha 8-03-12.
http://cubanosusa.com/mundo/america-latina/1089496-bolivia-potencial-genocidio-en-el-tipnis-por-jimmy-ortiz-saucedo.html
- En la web ernestojustiniano.org,
en
fecha 11-03-12.
http://eju.tv/2012/03/potencial-genocidio-en-el-tipnis/
- El periódico
El Deber de Santa Cruz, columna Los
Colaboradores, en fecha 17 de marzo de 2012.
http://www.eldeber.com.bo/vernotacolumnistas.php?id=120316201526
- En el periódico virtual
Uruguayo…Informe Uruguay, 17 de marzo del
2012. http://www.informeuruguay.com.uy/index.php?option=com_k2&view=item&id=1063:potencial-genocidio-en-el-tipnis&Itemid=56
- El periódico El Diario de La Paz, decano
del periodismo boliviano, columna Opinión, en fecha 17 de marzo de 2012. http://www.eldiario.net/noticias/2012/2012_03/nt120316/opinion.php?n=10&-potencial-genocidio-en-el-tipnis
- El
periódico El Nuevo Sur de Tarija
(edición impresa), en fecha 18 de marzo de 2012
- El
periódico Los tiempos de Cochabamba, columna Puntos de Vista, en fecha en fecha 21
de marzo de 2012
http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/columnistas/20120321/potencial-genocidio-en-el-tipnis_164756_345230.html
-
Periódico La Patria de Oruro,
Columna Editorial y Opiniones, en fecha domingo 25 de marzo de 2012. http://lapatriaenlinea.com/?nota=102002
- El
periódico virtual HoyBolivia.com, en
fecha 2 de abril del 2012.
http://www.hoybolivia.com/Blog.php?IdBlog=37954&tit=potencial_genocidio_en_el_tipnis- Publicado en la web icees.org.bo el 14 de abril de 2012.
- Publicado en la web CIDOB, el 11 de agosto de 2008
http://www.cidob-bo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1485:potencial-genocidio-en-el-tipnis&catid=82:noticias&Itemid=2
------------------------------------------------
El Deber, domingo 29 de abril de 2007
Yuquis. Un documento los condena al encierro Marginados
Un acta suscrita entre autoridades nacionales, de Cochabamba y de Chapare, condiciona el libre desplazamiento de los indígenas yuquis. Les exige ‘normas de urbanidad y de buenas costumbres’
http://www.eldeber.com.bo/2006/20060326/santacruz_3.html
Guísela López R. Biá Recuaré
No podemos ir a vivir a Chimoré. Dicen que solamente podremos ir a vender nuestras cositas, las flechas y la artesanía que hacemos y que, después de dos o tres días, tenemos que volver”, dijo el cacique mayor de la comunidad de Biá Recuaté, Walter Itoira. Los yuqui tienen clara la figura: están prohibidos de intentar quedarse a vivir en Chimoré, la población urbana más próxima a la comunidad indígena que cobija a menos de dos centenares de originarios de esta etnia que está en vías de extinción.
Un documento (acta de entendimiento) firmado por dos yuquis con autoridades nacionales, departamentales, chapareñas e instituciones de derechos humanos, les pone límites a los derechos ciudadanos del pueblo yuqui. Les exige que se ‘comporten acorde con las normas de urbanidad’; que asuman ‘buenas costumbres’ y que ‘no cometan actos reñidos con la moral’.
“Es un convenio racista”, dijo el antropólogo Jorge Riester y propuso que sea aplicado en igualdad de condiciones en toda Bolivia. “Hay borrachos y actos inmorales en todo el país. En Chapare también se embriagan los quechuas y los turistas alemanes. ¿Por qué hacer un documento así únicamente para el pueblo yuqui?”, precisó el científico que se dedica a la investigación de culturas originarias en Bolivia desde hace más de 40 años.
“Este acuerdo atenta contra la libertad de los ciudadanos yuquis. Es una vergüenza que autoridades públicas promuevan este tipo de documentos que viola de manera flagrante los derechos de los pueblos originarios”, refutó Eulogio Núñez, técnico del Centro de Investigación y Promoción del Campesino (Cipca) y conocedor de la problemática indígena de pueblos amazónicos del país.
“Este acta de entendimiento demuestra la imposición de una ‘cultura mayor’ sobre otra ‘inferior’. El documento pretende resolver el problema de los ciudadanos de Chimoré y deja de lado el problema de los ciudadanos yuquis”, dijo la abogada Elba Terceros, que ha realizado investigaciones acerca de la TCO yuqui.
El promotor de la suscripción de este acta fue el viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Renato Pardo, que el pasado 15 de marzo se trasladó hasta Chimoré a buscar solución al conflicto suscitado como consecuencia de la expulsión de un grupo de yuquis de esa población chapareña.
“Esta es una solución momentánea. Era necesario hacer algo en ese momento”, justificó Renato Pardo. “El acta de entendimiento pudo haber sido peor, porque la gente de Chimoré estaba muy alterada y eran más numerosos”, explicó.
Tanto Riester, como Núñez y Terceros, creen que el documento promovido por el Gobierno, a través del viceministro de Justicia y Derechos Humanos, no sólo atenta contra los derechos de una comunidad étnica, sino que no considera la problemática cultural y social por la que atraviesa esta colectividad.
“Las autoridades no entienden ni conocen bien a esta cultura que vive al día, cuya visión es solucionar el problema de ese día. No son agricultores, ni son ganaderos, por eso no se les puede exigir que trabajen. Son seminómadas”, precisó Terceros.
Explicó que los yuquis, al igual que los ayoreos, los araonas, yaminaguas y otros pueblos amazónicos, fueron contactados con la civilización recientemente y que esa situación produce una confrontación cultural. “Ellos tienen una forma de entender la vida que no es igual a la nuestra. El Estado tiene mucha responsabilidad en este desenlace, porque no se ocupó de ellos. Estos pueblos fueron encerrados en zonas misionales y el único referente que tuvieron estos indígenas fueron los religiosos, que luego los abandonaron. Por eso ahora son grupos marginados”, argumentó Terceros.
Eulogio Núñez revisó leyes nacionales y normas internacionales para subrayar que el acta de entendimiento suscrito para limitar a los yuquis en sus desplazamiento en Chimoré, es violatoria de derechos ciudadanos instituidos.
“Atenta contra la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley del Defensor del Pueblo y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, apuntó. Citó el artículo 6 de la CPE que señala que ‘toda persona goza de los derechos, libertades y garantías reconocidos por la CPE, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social u otra cualquiera’.
Asimismo mencionó que ‘el Defensor del Pueblo vela por la vigilancia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas con relación a la actividad administrativa de todo el sector público. Y vela por la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos’.
Por último, se refirió al artículo 2 de la Declaración de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
El máximo líder de los yuquis, Walter Itoira, confesó no haber estado en la reunión donde firmaron el acuerdo que hace referencia a su pueblo. “Hubiese querido estar, pero no pude salir de Biá Recuaté. Mis compañeros me han informado de que firmaron una resolución a nombre de nosotros”, justificó.
Entre Biá Recuaté y Chimoré no existe un tramo carretero que los conecte. Los aborígenes tienen que pagar el transporte acuático (en bote) para salir de su comunidad.
De las 23 firmas que tiene el acta firmada, sólo dos son de yuquis (del corregidor y del secretario de actas de Biá Recuaté), las demás son de autoridades nacionales, locales, de derechos humanos y de dirigentes de organizaciones sociales de Chapare.
El “acta de entendimiento”
Primero. Los pobladores de Chimoré, así como los ciudadanos yuquis asentados en esta población, se comprometen recíprocamente a convivir en un marco de armonía, respeto, consideración y tolerancia, acorde a las normas de urbanidad, buen comportamiento y buenas costumbres.
Segundo. Las autoridades originarias de los yuquis se comprometen a ejercer control social interno dentro de su comunidad asentada en la población de Chimoré, para evitar que sus miembros cometan actos reñidos con la moral y buenas costumbres.
Tercero. Cualquier conducta adoptada por un miembro del pueblo yuqui que constituya delito, ya sea de robo, agresión física, lesiones y otros, será sometida a la autoridad competente para su debida investigación y sanción correspondiente.
Cuarto. El Viceministerio de Justicia y de DDHH realizará gestiones ante las autoridades nacionales y departamentales competentes para buscar alternativas de solución a los diferentes problemas que aquejan a los pobladores yuquis.
Quinto. El acuerdo será evaluado al cabo de tres meses; una comisión es responsable de hacerle seguimiento y elevar informes mensuales.
Cifras
186
Habitantes hasta 2005
El Estado desconoce con precisión la cantidad de yuquis que hay. Esta cifra es aproximada
122.000 ha
TCO compartida
Es un territorio compartido con el pueblo yuracaré, que es una cultura similar
Fueron expulsados de Chimoré
“Ese día llevé a dos niños enfermos para que sean atendidos en el hospital de Chimoré, ya que aquí en la comunidad no podíamos hacer más por ellos. Pero la gente de Chimoré no escuchó mis explicaciones y me corrieron junto a mis demás hermanos. Nos expulsaron con palos, aunque no llegaron a golpearnos. Un hombre del mercado no quiso entender mi explicación y me dijo que fuera a buscar asistencia médica a Shinahota o a Ivirgarzama, menos a Chimoré; por eso yo le dije que cualquier rato le llegará una bala silenciosa en la nalga, por no decirle un flechazo”, relató el sanitario de Biá Recuaté, Pablo Guaguasu.
El suceso se registró el 9 de marzo pasado. Alrededor de 20 yuquis, entre niños y adultos, fueron echados de forma violenta por pobladores de Chimoré. Versiones de prensa responsabilizaron de las agresiones contra los yukis a miembros del Comité Cívico de Chimoré, del Comité de Vigilancia y hoteleros de esa población. Pero oficialmente no se ha identificado a los responsables.
“Entre la gente que nos echó había dos policías de la PTJ de Chimoré. Escapando, pasamos por las puertas de las oficinas de Derechos Humanos, pero no hicieron nada para defendernos”, apuntó Guaguasu.
“La Alcaldía de Chimoré no tiene nada en contra de los yuquis. El pueblo les ha dado todo lo que ha podido a esos hermanos, pero éstos han tenido falencias. Dicen que han robado en las tiendas, que hacen sus necesidades fisiológicas en la carretera, etc.”, justificó el alcalde de Chimoré, Humberto Guardia.
EL DEBER publicó, en noviembre de 2005, la problemática social de esta etnia que, debido a las condiciones insalubres en las que viven en su comunidad, se ven obligados a emigrar a los centros urbanos más próximos. En esa ocasión, la Policía de Chimoré reportó algunos casos de delitos menores que fueron protagonizados por yuquis.
“El pueblo (de Chimoré) quería desalojarlos a todos, porque no les gusta la forma de vida de los yuquis que casi siempre están en las calles, echados, sin trabajar y, por las noches, se dedican a consumir alcohol”, dijo Eulogio Godoy, vicepresidente del Comité de Vigilancia de Chimoré.
El 9 de marzo pasado, Pablo Guaguasu tuvo que llevar a los dos niños enfermos hasta el hospital de Shinahota para que sean atendidos, debido a la expulsión en Chimoré.
El documento es un nefasto precedente
Mercedes Nostas / Antropóloga
¿La expulsión del grupo de yuquis no fue una acción arbitraria, racista, discriminatoria e ilegal que debería ser motivo de la acción del Ministerio Público y demás autoridades competentes? ¿Para qué sirven las garantías constitucionales?
Si los Yuqui cometieron algún delito, nadie tenía derecho a expulsarlos, y menos el viceministro de devolverlos a su lugar. Es el Ministerio Público la autoridad competente para investigar los hechos y los tribunales de justicia los encargados del procesamiento. En el supuesto caso de que hubiera delito, en el curso del proceso legal deben considerarse tanto aspectos de la cultura del pueblo indígena como las circunstancias emergentes de sus condiciones de vida, como lo establecen las normas del derecho interno y del derecho internacional.
¿Qué significado se le atribuye a la ecuación "actuar con urbanidad, buen comportamiento y buenas costumbres" y no "dar mal aspecto a la ciudad"?
¿Cuál el papel de los representantes de los más altos órganos de justicia y de vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos al convalidar este tipo de acuerdos?
¿Por qué no fue defendido por estas autoridades el principio de que los derechos constitucionales no pueden ser objeto de transacción, y por el contrario se constituyen en veedores del cumplimiento de un acta de "entendimiento" de tal naturaleza? Este hecho constituye un precedente nefasto para la vigencia de la institucionalidad, la construcción de la sociedad intercultural y el ejercicio pleno de derechos que Bolivia se propone y a la que yo aspiro y defiendo como ciudadana.
Desde su hallazgo, es la cuarta vez que la sociedad los desprecia
Según investigaciones antropológicas, es probable que a principios del siglo XX, la población Biá hubiese alcanzado las 500 familias. Sin embargo, la invasión a su territorio de ciudadanos mestizos con quienes se enfrentaron, ocasionó bajas. Además, han sufrido frecuentes problemas de salud y registraron un fenómeno de infanticidio (debido a una costumbre cultural dejaban morir a las bebés recién nacidas, lo que mermó la población femenina). Estos hechos hicieron disminuir la demografía.
Hoy, el pueblo Biá registra 58 familias, con una población que no llega a los 200 originarios.
Los registros históricos acerca de esta comunidad dan cuenta de las frecuentes agresiones que han sufrido desde que fueron descubiertos por la civilización.
A mediados de la década de los 50, esta etnia llegó a enfrentarse con colonizadores, madereros y petroleros, e incluso con el Ejército, sobre todo en territorio cochabambino. Las víctimas fueron siempre mayormente los originarios, por su condición de minoría.
La organización religiosa Nuevas Tribus prácticamente los salvó del exterminio, pero al mismo tiempo los aculturizó. La transición de los años 50 a los 80 fue una de las más duras para este grupo originario, tanto por la invasión que padeció en su territorio, como por la transición cultural que sufrió: de ser nómada, fue obligada a convertirse en sedentaria.
Los misioneros evangélicos de Nuevas Tribus buscaron el primer contacto con los yuqui a principios de los 60. En 1965 lograron convencer a los primeros 43 originarios para que dejaran de ser nómadas y se asentaran en el campamento Chimoré (hoy Biá Recuaté). 18 años después, se multiplicaron y llegaron a sumar 80.
En la década de los 70, el flujo de colonización campesina avanzó dentro del territorio chapareño (entre Santa Cruz y Cochabamba) en busca de recursos forestales. La pesquisa de la madera ocasionó mayor confrontación con otros grupos de yuquis que todavía eran nómadas y se repitieron las muertes de aborígenes.
A mediados de los 80, los misioneros evangélicos y los yuquis sedentarios convencieron a 23 nómadas de esta etnia para que se refugiaran en el campamento Chimoré, adonde fueron llevados por vía aérea.
A finales de los 80, a los colonizadores, madereros, petroleros y militares que incursionaron en el territorio yuqui, se sumaron los narcotraficantes, que no dudaron en intentar utilizar a los indígenas para la ilícita actividad.
Nuevamente, la misión evangélica actuó y trasladó por vía aérea, a 19 yuquis hasta el campamento central de la etnia. Fue la tercera migración y reclutamiento obligatorio al que estuvo sometido el pueblo yuqui; si no realizaban el traslado, corrían el riesgo de ser aniquilados como sucedió con otros miembros de esa cultura.
Si bien esta última agresión no ha registrado daños físicos, sí ha demostrado el rechazo cultural hacia esta etnia. “Nadie tiene derecho a expulsar a estos indígenas de algún lugar, porque ese hecho le genera una profunda crisis a cualquier persona”, dijo el viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Renato Pardo.
Política de colonización los arrinconó
Cuando el Estado boliviano comenzó a implantar la política de colonización en territorio cruceño (1953), poniendo en vigencia la Ley de Reforma Agraria, marcó el principio del fin de esta etnia. Los tres grupos de yuquis encontrados entre los años 60 y 80, se vieron afectados en su territorio originario debido al ingreso de colonizadores que tomaron posesión de las tierras.
Esta medida estatal ocasionó frecuentes enfrentamientos entre los aborígenes y los mestizos. Durante ese periodo se registraron varias muertes indígenas, como consecuencia del contacto de éstos con la sociedad dominante, según la escasa bibliografía que hay sobre esta cultura.
Las indagaciones dan cuenta de que después de la incursión de colonizadores en el territorio yuqui, ingresaron los madereros, petroleros, cocaleros, el Ejército, etc., situación que ahondó más la problemática de esta cultura.
Actualmente, los Biá poseen un territorio de más de 120.000 hectáreas, cifra que aparenta ser suficiente para los menos de 200 originarios que figuran como dueños de esta Tierra Comunitaria de Origen (TCO) ante el Estado boliviano. Pero la propiedad está sólo en el papel, ya que actualmente, los yuquis están arrinconados en Biá Recuaté y sus alrededores, debido a que en sus tierras hay campesinos, colonizadores, cocaleros y madereros que explotan los recursos naturales.
Salud deprimida
Micosis pulmonar. La mayoría es portador de un hongo (aspergillus) en los pulmones. El año pasado murieron cuatro yuquis con esta enfermedad.
Tuberculosis. Es una enfermedad endémica en Bolivia. La generalidad de los yuquis es portadora del bacilo de Koch.
Problema pulmonar mixto. Un número no precisado es tuberculoso y al mismo tiempo tiene micosis pulmonar. Los yuquis muertos en 2005, tenían ambas enfermedades.
Anemia. La mayoría de los aborígenes de esta etnia está anémica.
Parasitosis. Está registrada dentro del perfil epidemiológico de la comunidad yuqui, pero tampoco se ha establecido qué tipos de parásitos los ataca.
Un acta suscrita entre autoridades nacionales, de Cochabamba y de Chapare, condiciona el libre desplazamiento de los indígenas yuquis. Les exige ‘normas de urbanidad y de buenas costumbres’
http://www.eldeber.com.bo/2006/20060326/santacruz_3.html
Guísela López R. Biá Recuaré
No podemos ir a vivir a Chimoré. Dicen que solamente podremos ir a vender nuestras cositas, las flechas y la artesanía que hacemos y que, después de dos o tres días, tenemos que volver”, dijo el cacique mayor de la comunidad de Biá Recuaté, Walter Itoira. Los yuqui tienen clara la figura: están prohibidos de intentar quedarse a vivir en Chimoré, la población urbana más próxima a la comunidad indígena que cobija a menos de dos centenares de originarios de esta etnia que está en vías de extinción.
Un documento (acta de entendimiento) firmado por dos yuquis con autoridades nacionales, departamentales, chapareñas e instituciones de derechos humanos, les pone límites a los derechos ciudadanos del pueblo yuqui. Les exige que se ‘comporten acorde con las normas de urbanidad’; que asuman ‘buenas costumbres’ y que ‘no cometan actos reñidos con la moral’.
“Es un convenio racista”, dijo el antropólogo Jorge Riester y propuso que sea aplicado en igualdad de condiciones en toda Bolivia. “Hay borrachos y actos inmorales en todo el país. En Chapare también se embriagan los quechuas y los turistas alemanes. ¿Por qué hacer un documento así únicamente para el pueblo yuqui?”, precisó el científico que se dedica a la investigación de culturas originarias en Bolivia desde hace más de 40 años.
“Este acuerdo atenta contra la libertad de los ciudadanos yuquis. Es una vergüenza que autoridades públicas promuevan este tipo de documentos que viola de manera flagrante los derechos de los pueblos originarios”, refutó Eulogio Núñez, técnico del Centro de Investigación y Promoción del Campesino (Cipca) y conocedor de la problemática indígena de pueblos amazónicos del país.
“Este acta de entendimiento demuestra la imposición de una ‘cultura mayor’ sobre otra ‘inferior’. El documento pretende resolver el problema de los ciudadanos de Chimoré y deja de lado el problema de los ciudadanos yuquis”, dijo la abogada Elba Terceros, que ha realizado investigaciones acerca de la TCO yuqui.
El promotor de la suscripción de este acta fue el viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Renato Pardo, que el pasado 15 de marzo se trasladó hasta Chimoré a buscar solución al conflicto suscitado como consecuencia de la expulsión de un grupo de yuquis de esa población chapareña.
“Esta es una solución momentánea. Era necesario hacer algo en ese momento”, justificó Renato Pardo. “El acta de entendimiento pudo haber sido peor, porque la gente de Chimoré estaba muy alterada y eran más numerosos”, explicó.
Tanto Riester, como Núñez y Terceros, creen que el documento promovido por el Gobierno, a través del viceministro de Justicia y Derechos Humanos, no sólo atenta contra los derechos de una comunidad étnica, sino que no considera la problemática cultural y social por la que atraviesa esta colectividad.
“Las autoridades no entienden ni conocen bien a esta cultura que vive al día, cuya visión es solucionar el problema de ese día. No son agricultores, ni son ganaderos, por eso no se les puede exigir que trabajen. Son seminómadas”, precisó Terceros.
Explicó que los yuquis, al igual que los ayoreos, los araonas, yaminaguas y otros pueblos amazónicos, fueron contactados con la civilización recientemente y que esa situación produce una confrontación cultural. “Ellos tienen una forma de entender la vida que no es igual a la nuestra. El Estado tiene mucha responsabilidad en este desenlace, porque no se ocupó de ellos. Estos pueblos fueron encerrados en zonas misionales y el único referente que tuvieron estos indígenas fueron los religiosos, que luego los abandonaron. Por eso ahora son grupos marginados”, argumentó Terceros.
Eulogio Núñez revisó leyes nacionales y normas internacionales para subrayar que el acta de entendimiento suscrito para limitar a los yuquis en sus desplazamiento en Chimoré, es violatoria de derechos ciudadanos instituidos.
“Atenta contra la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley del Defensor del Pueblo y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, apuntó. Citó el artículo 6 de la CPE que señala que ‘toda persona goza de los derechos, libertades y garantías reconocidos por la CPE, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social u otra cualquiera’.
Asimismo mencionó que ‘el Defensor del Pueblo vela por la vigilancia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas con relación a la actividad administrativa de todo el sector público. Y vela por la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos’.
Por último, se refirió al artículo 2 de la Declaración de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
El máximo líder de los yuquis, Walter Itoira, confesó no haber estado en la reunión donde firmaron el acuerdo que hace referencia a su pueblo. “Hubiese querido estar, pero no pude salir de Biá Recuaté. Mis compañeros me han informado de que firmaron una resolución a nombre de nosotros”, justificó.
Entre Biá Recuaté y Chimoré no existe un tramo carretero que los conecte. Los aborígenes tienen que pagar el transporte acuático (en bote) para salir de su comunidad.
De las 23 firmas que tiene el acta firmada, sólo dos son de yuquis (del corregidor y del secretario de actas de Biá Recuaté), las demás son de autoridades nacionales, locales, de derechos humanos y de dirigentes de organizaciones sociales de Chapare.
El “acta de entendimiento”
Primero. Los pobladores de Chimoré, así como los ciudadanos yuquis asentados en esta población, se comprometen recíprocamente a convivir en un marco de armonía, respeto, consideración y tolerancia, acorde a las normas de urbanidad, buen comportamiento y buenas costumbres.
Segundo. Las autoridades originarias de los yuquis se comprometen a ejercer control social interno dentro de su comunidad asentada en la población de Chimoré, para evitar que sus miembros cometan actos reñidos con la moral y buenas costumbres.
Tercero. Cualquier conducta adoptada por un miembro del pueblo yuqui que constituya delito, ya sea de robo, agresión física, lesiones y otros, será sometida a la autoridad competente para su debida investigación y sanción correspondiente.
Cuarto. El Viceministerio de Justicia y de DDHH realizará gestiones ante las autoridades nacionales y departamentales competentes para buscar alternativas de solución a los diferentes problemas que aquejan a los pobladores yuquis.
Quinto. El acuerdo será evaluado al cabo de tres meses; una comisión es responsable de hacerle seguimiento y elevar informes mensuales.
Cifras
186
Habitantes hasta 2005
El Estado desconoce con precisión la cantidad de yuquis que hay. Esta cifra es aproximada
122.000 ha
TCO compartida
Es un territorio compartido con el pueblo yuracaré, que es una cultura similar
Fueron expulsados de Chimoré
“Ese día llevé a dos niños enfermos para que sean atendidos en el hospital de Chimoré, ya que aquí en la comunidad no podíamos hacer más por ellos. Pero la gente de Chimoré no escuchó mis explicaciones y me corrieron junto a mis demás hermanos. Nos expulsaron con palos, aunque no llegaron a golpearnos. Un hombre del mercado no quiso entender mi explicación y me dijo que fuera a buscar asistencia médica a Shinahota o a Ivirgarzama, menos a Chimoré; por eso yo le dije que cualquier rato le llegará una bala silenciosa en la nalga, por no decirle un flechazo”, relató el sanitario de Biá Recuaté, Pablo Guaguasu.
El suceso se registró el 9 de marzo pasado. Alrededor de 20 yuquis, entre niños y adultos, fueron echados de forma violenta por pobladores de Chimoré. Versiones de prensa responsabilizaron de las agresiones contra los yukis a miembros del Comité Cívico de Chimoré, del Comité de Vigilancia y hoteleros de esa población. Pero oficialmente no se ha identificado a los responsables.
“Entre la gente que nos echó había dos policías de la PTJ de Chimoré. Escapando, pasamos por las puertas de las oficinas de Derechos Humanos, pero no hicieron nada para defendernos”, apuntó Guaguasu.
“La Alcaldía de Chimoré no tiene nada en contra de los yuquis. El pueblo les ha dado todo lo que ha podido a esos hermanos, pero éstos han tenido falencias. Dicen que han robado en las tiendas, que hacen sus necesidades fisiológicas en la carretera, etc.”, justificó el alcalde de Chimoré, Humberto Guardia.
EL DEBER publicó, en noviembre de 2005, la problemática social de esta etnia que, debido a las condiciones insalubres en las que viven en su comunidad, se ven obligados a emigrar a los centros urbanos más próximos. En esa ocasión, la Policía de Chimoré reportó algunos casos de delitos menores que fueron protagonizados por yuquis.
“El pueblo (de Chimoré) quería desalojarlos a todos, porque no les gusta la forma de vida de los yuquis que casi siempre están en las calles, echados, sin trabajar y, por las noches, se dedican a consumir alcohol”, dijo Eulogio Godoy, vicepresidente del Comité de Vigilancia de Chimoré.
El 9 de marzo pasado, Pablo Guaguasu tuvo que llevar a los dos niños enfermos hasta el hospital de Shinahota para que sean atendidos, debido a la expulsión en Chimoré.
El documento es un nefasto precedente
Mercedes Nostas / Antropóloga
Llaman la atención los términos del ‘Acta’ suscrito por autoridades y los representantes yuquis, que recuerdan más a un acta policial de buena conducta, que a un documento en el que hayan intervenido autoridades representantes de los más altos órganos del aparato estatal en materia de justicia y derechos humanos como lo son el Ministerio de Justicia y el Defensor del Pueblo, además de los representantes de la organización indígena.
¿La expulsión del grupo de yuquis no fue una acción arbitraria, racista, discriminatoria e ilegal que debería ser motivo de la acción del Ministerio Público y demás autoridades competentes? ¿Para qué sirven las garantías constitucionales?
Si los Yuqui cometieron algún delito, nadie tenía derecho a expulsarlos, y menos el viceministro de devolverlos a su lugar. Es el Ministerio Público la autoridad competente para investigar los hechos y los tribunales de justicia los encargados del procesamiento. En el supuesto caso de que hubiera delito, en el curso del proceso legal deben considerarse tanto aspectos de la cultura del pueblo indígena como las circunstancias emergentes de sus condiciones de vida, como lo establecen las normas del derecho interno y del derecho internacional.
¿Qué significado se le atribuye a la ecuación "actuar con urbanidad, buen comportamiento y buenas costumbres" y no "dar mal aspecto a la ciudad"?
¿Cuál el papel de los representantes de los más altos órganos de justicia y de vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos al convalidar este tipo de acuerdos?
¿Por qué no fue defendido por estas autoridades el principio de que los derechos constitucionales no pueden ser objeto de transacción, y por el contrario se constituyen en veedores del cumplimiento de un acta de "entendimiento" de tal naturaleza? Este hecho constituye un precedente nefasto para la vigencia de la institucionalidad, la construcción de la sociedad intercultural y el ejercicio pleno de derechos que Bolivia se propone y a la que yo aspiro y defiendo como ciudadana.
Desde su hallazgo, es la cuarta vez que la sociedad los desprecia
Según investigaciones antropológicas, es probable que a principios del siglo XX, la población Biá hubiese alcanzado las 500 familias. Sin embargo, la invasión a su territorio de ciudadanos mestizos con quienes se enfrentaron, ocasionó bajas. Además, han sufrido frecuentes problemas de salud y registraron un fenómeno de infanticidio (debido a una costumbre cultural dejaban morir a las bebés recién nacidas, lo que mermó la población femenina). Estos hechos hicieron disminuir la demografía.
Hoy, el pueblo Biá registra 58 familias, con una población que no llega a los 200 originarios.
Los registros históricos acerca de esta comunidad dan cuenta de las frecuentes agresiones que han sufrido desde que fueron descubiertos por la civilización.
A mediados de la década de los 50, esta etnia llegó a enfrentarse con colonizadores, madereros y petroleros, e incluso con el Ejército, sobre todo en territorio cochabambino. Las víctimas fueron siempre mayormente los originarios, por su condición de minoría.
La organización religiosa Nuevas Tribus prácticamente los salvó del exterminio, pero al mismo tiempo los aculturizó. La transición de los años 50 a los 80 fue una de las más duras para este grupo originario, tanto por la invasión que padeció en su territorio, como por la transición cultural que sufrió: de ser nómada, fue obligada a convertirse en sedentaria.
Los misioneros evangélicos de Nuevas Tribus buscaron el primer contacto con los yuqui a principios de los 60. En 1965 lograron convencer a los primeros 43 originarios para que dejaran de ser nómadas y se asentaran en el campamento Chimoré (hoy Biá Recuaté). 18 años después, se multiplicaron y llegaron a sumar 80.
En la década de los 70, el flujo de colonización campesina avanzó dentro del territorio chapareño (entre Santa Cruz y Cochabamba) en busca de recursos forestales. La pesquisa de la madera ocasionó mayor confrontación con otros grupos de yuquis que todavía eran nómadas y se repitieron las muertes de aborígenes.
A mediados de los 80, los misioneros evangélicos y los yuquis sedentarios convencieron a 23 nómadas de esta etnia para que se refugiaran en el campamento Chimoré, adonde fueron llevados por vía aérea.
A finales de los 80, a los colonizadores, madereros, petroleros y militares que incursionaron en el territorio yuqui, se sumaron los narcotraficantes, que no dudaron en intentar utilizar a los indígenas para la ilícita actividad.
Nuevamente, la misión evangélica actuó y trasladó por vía aérea, a 19 yuquis hasta el campamento central de la etnia. Fue la tercera migración y reclutamiento obligatorio al que estuvo sometido el pueblo yuqui; si no realizaban el traslado, corrían el riesgo de ser aniquilados como sucedió con otros miembros de esa cultura.
Si bien esta última agresión no ha registrado daños físicos, sí ha demostrado el rechazo cultural hacia esta etnia. “Nadie tiene derecho a expulsar a estos indígenas de algún lugar, porque ese hecho le genera una profunda crisis a cualquier persona”, dijo el viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Renato Pardo.
Política de colonización los arrinconó
Cuando el Estado boliviano comenzó a implantar la política de colonización en territorio cruceño (1953), poniendo en vigencia la Ley de Reforma Agraria, marcó el principio del fin de esta etnia. Los tres grupos de yuquis encontrados entre los años 60 y 80, se vieron afectados en su territorio originario debido al ingreso de colonizadores que tomaron posesión de las tierras.
Esta medida estatal ocasionó frecuentes enfrentamientos entre los aborígenes y los mestizos. Durante ese periodo se registraron varias muertes indígenas, como consecuencia del contacto de éstos con la sociedad dominante, según la escasa bibliografía que hay sobre esta cultura.
Las indagaciones dan cuenta de que después de la incursión de colonizadores en el territorio yuqui, ingresaron los madereros, petroleros, cocaleros, el Ejército, etc., situación que ahondó más la problemática de esta cultura.
Actualmente, los Biá poseen un territorio de más de 120.000 hectáreas, cifra que aparenta ser suficiente para los menos de 200 originarios que figuran como dueños de esta Tierra Comunitaria de Origen (TCO) ante el Estado boliviano. Pero la propiedad está sólo en el papel, ya que actualmente, los yuquis están arrinconados en Biá Recuaté y sus alrededores, debido a que en sus tierras hay campesinos, colonizadores, cocaleros y madereros que explotan los recursos naturales.
Salud deprimida
Micosis pulmonar. La mayoría es portador de un hongo (aspergillus) en los pulmones. El año pasado murieron cuatro yuquis con esta enfermedad.
Tuberculosis. Es una enfermedad endémica en Bolivia. La generalidad de los yuquis es portadora del bacilo de Koch.
Problema pulmonar mixto. Un número no precisado es tuberculoso y al mismo tiempo tiene micosis pulmonar. Los yuquis muertos en 2005, tenían ambas enfermedades.
Anemia. La mayoría de los aborígenes de esta etnia está anémica.
Parasitosis. Está registrada dentro del perfil epidemiológico de la comunidad yuqui, pero tampoco se ha establecido qué tipos de parásitos los ataca.
