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miércoles, 29 de enero de 2014

García prevé largo proceso para adecuar pacto fiscal




El Diario.net – 29-01-14

 (Agencias).- El presidente en ejercicio, Álvaro García, vaticinó un “largo proceso” para adecuar el nuevo pacto fiscal en el país.

Luego de haberse presentado los resultados finales del Censo Nacional de Población y Vivienda, el 31 julio de 2013, el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) debe presentar en un plazo de seis meses -que vence este mes de enero- la “propuesta técnica de diálogo para un Pacto Fiscal” como manda la Ley Marco de Autonomías.

La disposición transitoria décima séptima de esta norma establece que la propuesta técnica deberá ser presentada al “Consejo Nacional de Autonomías a fin de desarrollar un proceso de concertación nacional y regional como paso previo a cualquier tratamiento por las vías legislativas que corresponden”.

“Es un tema bastante complejo, hay que trabajarlo con mucho cuidado y sin apresurarse para no cometer errores, porque requiere que ciertas regiones cedan recursos a otras regiones y eso es bastante complicado, entonces no es una cosa fácil, no es un tema de decisión gubernamental, es una tema de construcción consensuada de acuerdos, entonces lo único que puedo decir es que es un trabajo que va a requerir mucho tiempo para lograr los consensos y los acuerdos necesarios”, dijo García desde Santa Cruz.

En esa línea, no lanzó una fecha como plazo para la adecuación del nuevo Pacto Fiscal, pues de hacerlo significaría una “imposición” y lo que se quiere es construirlo a través del consenso y no del “garrote”.

El Pacto Fiscal es considerado un espacio de concertación nacional y regional, donde se tratan aspectos relacionados con la generación, distribución y destino de los recursos públicos.

El 13 de diciembre, la viceministra de Autonomías, Gisela López, ratificó que la propuesta técnica de diálogo para el Pacto Fiscal, que está siendo trabajado por el SEA, será presentado este mes de enero.

Según expuso el analista Jimmy Ortiz a medios cruceños, el incumplimiento del plazo para aplicar el pacto será una prueba de que el Gobierno no cumple con la Constitución Política del Estado (CPE) ni la Ley Marco de Autonomías.

Este plazo vence el próximo 31 de enero, es de esperar que el gobierno sea serio y cumpla su ley, va en ello la fe del Estado. Esta será otra prueba de fuego de la voluntad autonómica del gobierno del MAS, que Santa Cruz deberá tomar en cuenta a la hora de emitir su voto en las próximas elecciones”, agregó.
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Ver también en:

http://fmbolivia.com.bo/noticia135435-lvaro-garcia-preve-largo-proceso-para-adecuar-pacto-fiscal.html


 

sábado, 11 de enero de 2014

Extranjeros producen coca “ilegal” en Apolo



Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas denunció la presencia de ciudadanos venezolanos, peruanos y colombianos en la comunidad paceña de San Fermín. Analista Jimnmy Ortiz sugiere convocar a organismos internacionales.

 
Luego de duros enfrentamientos que causaron la muerte de cuatro personas en octubre del año pasado, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, denunció ayer que súbditos colombianos, venezolanos y peruanos se dedican al cultivo ilegal de la hoja de coca en la comunidad de San Fermín del municipio de Apolo del departamento de La Paz.

La autoridad dijo que por la dificultad para acceder al lugar no se pudo precisar la cantidad de hectáreas; sin embargo, anunció que se ingresará al sector mediante el uso de helicópteros con la finalidad de erradicar la producción de coca no autorizada.

Asimismo, manifestó que acompañarán los operativos en las zonas de riesgo los representantes del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).

Con relación a este tema, el analista Jimmy Ortiz dijo a EL DIARIO que la presencia extranjera en el territorio nacional no es nueva, por lo cual sugirió que el Gobierno debería aplicar una política antidroga que haga frente a los sectores involucrados.

Considera también que el Gobierno debe reconocer que perdió en la lucha contra las drogas, por lo que debería convocar a organismos internacionales que luchan contra este flagelo, “porque si las mafias son internacionales la lucha tendría que ser internacional”, acotó.

Entre los organismos, a los que debería pedir ayuda, citó a la DEA, a países como Brasil, Perú, entre otros.  Además, enfatizó que el Gobierno debería elaborar una ley especial con los legisladores, para encarar la lucha contra el narcotráfico, una política de Estado y no políticas “parches” que permita trabajar en todos los frentes.

Por otro lado, el viceministro Felipe Cáceres, tras los conflictos suscitados la gestión pasada en Apolo, anunció nuevas acciones de erradicación en el departamento de La Paz. Mencionó a Bautista Saavedra como la provincia con mayor producción hoja de coca excedentaria.

Ver link: http://www.eldiario.net/noticias/2014/2014_01/nt140111/index.php

 
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Publicado también en La patria de Oruro:

http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=BOL&pagina=http://www.lapatriaenlinea.com

sábado, 28 de diciembre de 2013

ONG IBIS tiene 90 días para cerrar proyectos en el país


 

El Diario de La Paz - 28-12-13, decano de la prensa de Bolivia.

Representantes del organismo de Dinamarca advierten que con su salida del país varios proyectos de desarrollo serán interrumpidos.
La Cancillería boliviana oficializó ayer la expulsión de la ONG europea IBIS, enviándole la Carta de Denuncia, según nota firmada por el viceministro de Relaciones Exteriores, José Crespo Fernández. Por lo tanto, tiene plazo hasta marzo para dejar el país. Entretanto, los representantes de la institución sostienen que más de 70 mil personas quedarán sin beneficiarse con proyectos de desarrollo.

Para el analista Jorge Lazarte la expulsión de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del país, sólo busca evitar que estas instituciones controlen la gestión del Gobierno a través de las organizaciones sociales e indígenas, ya que el oficialismo ahora intenta fiscalizar el poder que está fuera del Estado, debido a que no puede tolerar que ciertos sectores escapen a su autoridad.

El analista Jimy Ortiz sostuvo que IBIS Dinamarca realizó un buen trabajo en Bolivia y por medio de ello las organizaciones sociales lograron que Evo Morales asuma la Presidencia de Bolivia. Empero, el Gobierno pretende tener el control absoluto de estas organizaciones que no estén de acuerdo con su ideología, con el fin de que no sea perjudicado el 2014.

Por su parte, la directora de IBIS, Ximena Valdivia, hizo conocer mediante un comunicado que dejarán el país sin conocer las razones por las que el Gobierno decidió expulsarla. Manifestó que con la salida de IBIS, 76.500 personas entre mujeres, niños, jóvenes e indígenas quedarán afectadas.

 


 

 

 

domingo, 1 de diciembre de 2013

Analista advierte que alianza electoral arriesgará estabilidad de la institución

 

 

COB anunció respaldar al MAS en 2014 descartando el Partido de los Trabajadores; sin embargo, otro sector dirigencial continúa con llenado de libros ante el TSE.

 
El analista político Jimmy Ortiz afirmó que la decisión de la Central Obrera Boliviana (COB) de aliarse con el partido de Gobierno, bajo la consigna de “defender el proceso de cambio”, es un error ya que la dirigencia del ente matriz de los trabajadores pondría en riesgo su estabilidad institucional.

La determinación del último Congreso Nacional de la COB, efectuado entre el 14 y 15 de noviembre en Santa Cruz, de desechar el Partido de los Trabajadores (PT) y sumarse a las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), generó preocupación en diferentes sectores afiliados que no tienden a tener la misma ideología de la dirigencia cobista y el partido de Gobierno, sostuvo el politólogo.


Por un principio ese tipo de instituciones gremiales no pueden ser partidistas y en sus filas deben tener todas las tendencias políticas de la policromía de la democracia boliviana y es un grave error de la COB aliarse con el partido de Gobierno, porque le va causar o ya le está causando fisuras con algunos gremios o con algunos departamentos”, mencionó.

El XV Congreso de la entidad laboral efectuado en enero determinó conformar un instrumento político de los trabajadores como una alternativa electoral al Gobierno actual. Por lo que el 8 de marzo se fundó el PT en la localidad minera de Huanuni con 1.200 delegados, a través de un Congreso Nacional que contó con la decisiva presencia de trabajadores mineros, y fuertes delegaciones de salud, fabriles, también delegaciones de la centrales obreras de todo el país, de maestros rurales, ferroviarios, entre otros.

Los dirigentes de la entidad laboral, tras culminar su último encuentro en la capital oriental, señalaron que el objetivo es llegar a tener representación política en la Asamblea Legislativa y que además plantearán al Gobierno iniciar una agenda para debatir todos los temas pendientes del pliego petitorio, para beneficiar al sector de los trabajadores.

Para el analista político el argumento sostenido por los máximos dirigentes de la institución laboral no tiene fundamento toda vez que dejan de lado los principios institucionales establecidos inclusive en sus estatutos internos de tener la imparcialidad partidaria para fortalecer los derechos laborales en bien de los trabajadores.

Qué pasaría cuando este Gobierno caiga y venga otro con otras tendencias, se pondría en peligro la estabilidad de la institución y de los principios de la dirigencia. Me parece totalmente infantil el argumento de conseguir representación política en el Legislativo que es nada más para justificar la alianza insensata que han hecho”, señaló.

Ortiz resaltó que el accionar del secretario ejecutivo de la organización laboral, Juan Carlos Trujillo, confirma las sospechas que se manejaban desde que fue posesionado en enero de 2012, cuando se advertía que formaba parte de las filas del MAS.

“Esto viene a corroborar lo que ya se sospechaba cuando se eligió al dirigente de la COB, de que es masista de siempre y lógicamente con esto está llevando ahora agua a su molino, indudablemente para su beneficio personal y perjudicando al gremio”, afirmó.

Sin embargo, el PT continúa con su estructuración política, pues el secretario ejecutivo de ese frente, Mario Martínez, anunció que “sí o sí”, participarán en las elecciones de 2014, toda vez que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) les entregó el lunes pasado los libros para el llenado de las firmas para obtener la personería jurídica y al mismo tiempo lamentó que “algunos dirigentes de la COB” hayan “pretendido desechar” el frente de la organización laboral rumbo a los comicios de 2014.

EN CONTRAPARTE

El jueves, el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo, “aclaró” a los medios estatales que la entidad de los trabajadores no se alía partidariamente sino que respalda el proceso de cambio del presidente Evo Morales para evitar “que vuelva la derecha” en las elecciones generales.

“La COB jamás se ha vendido o se va a vender, tiene su identidad propia, pero el principio fundamental para nosotros es defender el proceso profundizar, corregir y re direccionar para que esto esté profundizado”, declaró.

A su turno, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dijo que este tipo de respaldos no son inusuales, por lo que descartó la politización de la COB, argumentando que se trata de apoyo al proceso ideológico del Gobierno del MAS.

“Si hay un proceso que merece ser apoyado, los sindicatos, las regionales de trabajo y las  confederaciones de trabajo normalmente apoyan a los procesos con los cuales ellos están de acuerdo, ello no quiere decir inscribirse a un partido tal o dejar de lado su ideología y creo que ellos tienen derecho a optar por una posición”, manifestó durante la semana en conferencia de prensa.
 
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El Diario.net 1-12-13
 


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Opiniones semejantes:


Sectores expresan desacuerdo con alianza entre COB y MAS


El Diario.net 02-12-13

Los trabajadores afirman que con esta decisión la dirigencia cobista perdió su credibilidad ante la población, pero principalmente en el propio sector.

Sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) expresaron su desacuerdo por la alianza entre la organización obrera y el Movimiento Al Socialismo (MAS) con miras a las Elecciones Generales de 2014. Calificaron la medida de “irresponsable”, porque habría provocado la “pérdida de su credibilidad” institucional.

Esta medida asumida por la dirigencia cobista en el congreso obrero, realizado entre el 21 y 22 de noviembre en Santa Cruz, fue determinada con la finalidad de seguir el proceso de cambio que encamina el Gobierno; sin embargo generó mucha preocupación en diferentes sectores, luego de que se estructurara un instrumento político denominado el Partido de los Trabajadores (PT).

El secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, señaló que esta decisión de la COB debió ser consultada a las bases, ya que no todos tienen la misma línea política del MAS, situación que habría generado muchas susceptibilidades, porque los trabajadores consideran que la organización laboral estaría “usando” al sector para otros fines.

“Nosotros no vemos con buenos ojos que la máxima organización laboral haya tomado esta decisión, porque en muchos sectores afiliados existen distintas ideas políticas, además se está violando los estatutos de la COB, porque no permite ese tipo de alianzas, lo que divide al sector laboral”, mencionó.

Por su parte, el dirigente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, Albino García, mencionó que la dirigencia cobista perdió su credibilidad ante la población, pero principalmente en el sector de los trabajadores, luego de que hubo tantas luchas reivindicativas en defensa de los derechos de los trabajadores.

“Definitivamente han perdido credibilidad, porque no se puede utilizar a los compañeros de base, haciéndoles creer que existe un instrumento de los trabajadores (PT) con ideología propia y que en un determinado momento se deseche, y nos digan que no sirve, ahora nos preguntamos a qué está jugando la dirección nacional de la dirigencia COB”, aludió el dirigente minero.

Argumentó que su sector nunca estuvo de acuerdo con la creación de un instrumento político, ya que con esa determinación el ente laboral se estaría alineando a la política. “Nunca hemos estado de acuerdo con las decisiones políticas que asumió la COB, con la creación del PT que prácticamente ya nació muerto y solo fue un acto de protagonismo”.

En tanto, el representante del Magisterio Urbano de La Paz, Rene Pardo, a tiempo de compartir la postura de los anteriores dirigentes, al indicar que la COB se desenmascaró, dijo que su sector apoya en que el PT deba seguir encaminado su participación para las elecciones de 2014, ya que fue una decisión tomada en un Congreso Nacional, pero rechazó la alianza con el Gobierno.

“Como nunca la dirigencia de la COB se ha puesto en evidencia, lo poco que conservaba, en el marco de lo que debe ser la actuación de los sindicatos, ha sido desechado por el pacto que hacen los dirigentes con el actual Gobierno, más aún cuando el movimiento popular está siendo atacado por el Ejecutivo. Nosotros convocamos a los trabajadores del país a retomar la organización del instrumento político”, mencionó.

Por otra parte, el secretario ejecutivo de los Trabajadores en Salud Pública de Bolivia, José Gonzales, señaló que la decisión deberá ser acatada por su sector, debido a que fue resuelta en un Congreso Nacional, “debemos expresar claramente que por el proceso de cambio hemos luchado los trabajadores, varios sectores hemos estado en las calles para demandar que haya un Gobierno socialista”, dijo.

A su turno, el representante de los trabajadores Fabriles de Bolivia, Vitaliano Mamani, dijo que el ente laboral necesita una representación política en la Asamblea Legislativa, lo que fue prohibido en la gestión del exejecutivo de la COB, Pedro Montes.

“No tenemos una representación parlamentaria, porque era una decisión tomada con el anterior dirigente, pero hoy con la nueva dirección nacional se ha determinado que si necesitamos tener representaciones”, dijo.
 

http://www.eldiario.net/noticias/2013/2013_12/nt131202/politica.php?n=42&-sectores-expresan-desacuerdo-con-alianza-entre-cob-y-mas

 

 

lunes, 13 de mayo de 2013

Analistas observan politización en la COB


eldiario.net 13-05-13

Analistas coincidieron el fin de semana en observar una excesiva politización en la Central Obrera Boliviana (COB), otrora entidad independiente y luchadora por las reivindicaciones de la clase trabajadora del país.

Por un lado, el politólogo cruceño Jimmy Ortiz deploró la división generada en el entre matriz de los trabajadores, sobre todo en la Central Obrera Departamental (COD) que el pasado 1 de Mayo, con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador, invitó al mandatario Evo Morales a los actos, mientras existían marchas paralelas protestando contra la actual administración del Ejecutivo.

“La actitud de la COD fue desconcertante, porque invitar a Evo Morales a los actos del 1 de Mayo es dejarse instrumentalizar para la campaña del MAS 2014. Iver Peña, secretario ejecutivo de la COD, debería explicar esta invitación a las bases, porque el hecho se dio en medio de las movilizaciones de la COB”, dijo.

El economista Gonzalo Chávez lamentó que el pliego petitorio de la COB y su reivindicación por las rentas haya perdido legitimidad al haberse confirmado que es la dirigencia que apunta a conformar el denominado Partido de los Trabajadores (PT) la que encamina estas movilizaciones.

El PT es una denominación que se dio en Brasil, bajo la lógica de que los obreros tengan un partido político representativo, hecho que tuvo sus resultados bajo la conducción de Luiz Inacio Lula da Silva, uno de los presidentes más reconocidos de la era democrática reciente en el vecino país.

Para el columnista y exautoridad del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Dante Pino, el enfrentamiento verbal entre Morales y la dirigencia de la COB sólo responde a intereses particulares de ambos lados, pero que en el Gobierno desnuda una vocación neoliberal, tan criticada en los primeros años del “proceso de cambio”.

“Ayer los traidores eran los neoliberales, ahora lo son los mismos obreros, ayer los enemigos de la clase obrera eran los neoliberales ahora lo es el gobierno socialista, comunista y comunitarista. Si los enemigos de hoy son los amigos del ayer, entonces ¿contra quién lucharon?, ¿quién era el enemigo ayer? ¿Alguno de los dos ha cambiado tanto para que la alianza que los unía sea ahora el instrumento que los separa?”, cuestionó.

“El Gobierno que nunca tuvo consistencia ideológica ni programática, que fue una pluma en el aire, muestra ahora sus fragilidades, las mismas que ocultaba con malabarismos parlanchines, sobre socialismo, justicia y dignidad. Del socialismo que nunca tuvieron, revelan ahora la cadena de errores que construyeron más con el capricho que con las convicciones, de la justicia que reclamaron se convirtieron en déspotas inmisericordes de su prostitución y de la dignidad que dijeron defender tenemos ahora al gentilicio boliviano calificado de narcotraficante”, agregó.

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Publicado tambian en la web Fmbolivia

viernes, 29 de marzo de 2013

“Caso terrorismo debe reiniciarse”




eldiario.net

El analista político Jimmy Ortiz afirmó ayer que el caso terrorismo I debe reiniciarse con un nuevo juicio judicial hasta esclarecer el hecho polémico desatado en abril de 2009, investigado por el fiscal de materia, Marcelo Soza, quien renunció al cargo del caso el 18 de marzo. El profesional señaló que el fiscal debe presentarse ante el Ministerio Público para revelar lo que menciona en el audio presentado por la senadora Carmen Eva Gonzales, siendo su persona como uno de los principales personajes que tiene mucha información sobre el caso.

Para Ortiz, la coyuntura sobre el caso terrorismo, con la presentación de pruebas por la senadora opositora Gonzales, contra el fiscal Soza, a través de audios y fotografías donde supuestamente el denunciado revela que existen autoridades de Estado implicados en el caso polémico desatado en 2009, en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz, pone en riesgo la veracidad del trabajo en el Ministerio Público.

“Lo que el Gobierno debería hacer es comenzar el juicio desde cero, iniciar el juicio de nuevo porque los cruceños y todos los bolivianos no quieren que este juicio se calle, quieren saber la verdad”, señaló.

El analista dijo que Soza debe regresar presentarse ante la justicia, siempre y cuando el Gobierno garantice su seguridad, puesto que “el fiscal pasó a ser el principal testigo del caso terrorismo I” y sus declaraciones serían la clave para esclarecer el caso.

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Tambien publicado en... fmbolivia.com.bo

jueves, 14 de marzo de 2013

Aseveraciones de EEUU se originan en descuido de autoridades del Ejecutivo



eldiario.net

Revistas y Suplementos


El politólogo Jimmy Ortiz, al referirse a la descalificación de Bolivia, por parte de Estado Unidos, en el tema de la lucha antidroga, señaló que es un descuido de las autoridades del Ejecutivo que no habrían tomado previsiones para evitar este hecho.
De acuerdo a Ortiz, el Gobierno está más ocupado en realizar la planificación de su campaña, para las próximas elecciones. "Por esta razón se descuidan estos temas de vital importancia para el país, una situación que se presenta cuando un gobierno, como el que tenemos, solamente está dedicado en planificar su campaña política, descuidando temas de prioridad", manifestó.
Recordó que esta actitud no es una novedad, cuando se ha catalogado a Bolivia como uno de los países tránsito del narcotráfico, convirtiendo a los departamentos de La Paz y Santa Cruz en las regiones más vulnerables. "Estos desaciertos nos han llevado a convertirnos a los ojos del mundo como el país que no lucha contra el narcotráfico", manifestó.
Al referirse a los planes de erradicación de cocales y la destrucción de fábricas de droga efectuadas en la pasada gestión, por parte del Gobierno, señaló que no son suficientes, por lo que Estado Unidos ubica a Bolivia no sólo como un país tránsito sino también productor.
“El Gobierno ha olvidado que Bolivia no solamente es considerada, como un país tránsito, sino que es considerado por los Estados Unidos, como un país de tránsito y destino de las operaciones del narcotráfico, bajo la dirección de criminales colombianos, brasileños y peruanos; “actualmente Bolivia es considerada como el tercer país productor más grande de hoja de coca y sus precursores en la región", dijo.
"Una de las leyes que Bolivia debería obedecer es la ley 1.008, donde los cocales deberían reducirse de 30.000 hectáreas a 12.000; quiérase o no este tema del narcotráfico ha hecho que nuestro país no sólo aumente el tráfico de droga, sino la delincuencia y la inseguridad ciudadana", finalizó Ortíz.

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- FM Bolivia 

domingo, 3 de marzo de 2013

Retención de fondos bancarios debe sustentarse en sentencia ejecutoriada





Aseguran que existe una intención de vulnerar los derechos básicos de las personas y atentar contra la propiedad de las empresas.

Tres abogados coincidieron en señalar que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) sólo tiene la potestad de efectuar la retención de fondos bancarios cuando existe una determinación judicial ejecutoriada, y no en otros casos como detectó la Cámara Nacional de Industrias y otras instancias organizativas de los empresarios privados
.
El expresidente del Colegio de Abogados de La Paz y actual presidente del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardo Wayar, explicó que cuando hay una resolución determinativa ejecutoriada, recién corresponde la retención de fondos, caso contrario se está inmovilizando los fondos sobre determinados “supuestos” que no tienen ninguna certeza violando el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.

“Lamentablemente con Impuestos Nacionales esto no ocurre, las decisiones que se han estado dando en materia impositiva no tienen razonamiento, son inmotivadas, les falta una fundamentación, en las causas que yo he conocido que no puedo mencionar por un principio de confidencialidad, son determinaciones que no podrían dar lugar a la retención de fondos", explicó.

VULNERACIÓN DE DERECHOS

Por su parte, el abogado Jimmy Ortiz agregó que la implementación de nuevos sistemas más rápidos para retener fondos por adeudos tributarios revela la intención del Estado de vulnerar los derechos básicos de las personas.

"El Gobierno tiene una mentalidad totalitaria, debe comenzar a respetar el Estado de Derecho y uno de sus pilares aceptado universalmente es la presunción de inocencia, lamentablemente estamos viendo la vulneración de estos derechos hasta en los asuntos bancarios, el Gobierno ha visto que a la banca le está yendo muy bien, y como los considera de derecha capitalista a los banqueros, es un tema añadido, este va a ser un factor que va a afectar al crecimiento y desarrollo del sistema financiero", acotó.

La abogada y diputada opositora Norma Piérola va más allá y asegura que lo que pretende el Gobierno es atentar contra la propiedad privada de las personas, violando el principio de presunción de inocencia.

“Lo que se pretende es afectar a la propiedad privada, es una nueva arbitrariedad, una retención debe aplicarse cuando hay una sentencia ejecutoriada que determine específicamente el monto que debe pagar la empresa, porque pueden haber muchas instancias dentro de esa controversia, por las cuales las empresas no han podido cumplir son sus deudas tributarias, la Constitución Política del Estado garantiza el debido proceso, pero el Gobierno no", aseguró.

NUEVO SISTEMA

El SIN y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) pusieron en marcha un convenio interinstitucional para modernizar y tornar más seguros los mecanismos que contribuyan a retener fondos de las cuentas bancarias y recuperar los adeudos tributarios para el Estado.

Según establece este convenio de 10 puntos, la retención de fondos en las cuentas bancarias de los contribuyentes que adeuden al Estado será solicitada por Impuestos Nacionales mediante un sistema informático especialmente desarrollado para este propósito, según una nota de prensa de esta institución.

Con este nuevo procedimiento se pretende que las solicitudes de retención de fondos y de otras medidas sobre las cuentas bancarias garanticen una segura y oportuna acción de parte del sistema financiero, a fin de precautelar los intereses del Estado.

“Existe la necesidad de establecer con ayuda de la tecnología un procedimiento que permita atender con mayor seguridad los requerimientos efectuados por el Servicio de Impuestos Nacionales, con el fin de recuperar adeudos tributarios para el Estado Plurinacional de Bolivia", asegura impuestos.

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sábado, 2 de marzo de 2013

Declaratoria en reserva puede ser interpretada como proteccionismo

 
 

El Abogado Jimmy Ortiz dio a conocer que la declaratoria en reserva realizada por el viceministro de Seguridad Ciudadana, coronel Humberto Echalar, y la Policía Boliviana puede ser interpretada, como proteccionismo, ante el frustrado intento de haber anoticiado la muerte del exteniente, Jorge Clavijo, presunto responsable de la muerte de Hanalí Huaycho.

Ortiz recuerda que el delito cometido, por el exoficial, es de orden público y no privado, por lo que la información no puede mantenerse en reserva, más aún cuando las partes involucradas y la población requieren que se haga seguimiento y definir si existe o no avance en el proceso investigativo.

“Podemos pensar que existe buena fe en la declaratoria de mantener el caso en reserva, por la peligrosidad que representa este personaje y los antecedentes que tiene en su actividad policial, pero como en política la frase es piensa mal y acertaras, eso significa que por la información que conoce el exoficial, en el caso Eduardo Rózsa, se pretende forzar a que la opinión pública se olvide del tema”, explicó Ortiz.

En opinión del abogado, los casos que fueron declarados en reserva, sólo sirvieron para colocar un manto del olvido y que la opinión pública deje de estar informada. Con ello sólo se logró que los medios de comunicación no realicen ningún seguimiento a los temas, a pesar de ser un delito de orden público.

“Al parecer se busca evitar el control que puedan hacer los medios de comunicación en este tema, el Gobierno pretende sacar del ojo de la tormenta a Clavijo y que no se hable de él, que se olviden, porque existe otros intereses, por la implicancia que tiene el exoficial, en otros casos bullados registrados en nuestro territorio”, afirmó Ortiz.

El representante de expolicías de baja graduación, Juan Carlos Soraide, lamentó que el Gobierno haya definido declarar en reserva el proceso de investigación y el progreso del mismo que no favorece a la institución policial.

“Obviamente que los funcionarios policiales y de Gobierno no deben informar sobre los procedimientos que asumirán en la búsqueda del presunto responsable de asesinato de la periodista Huaycho o cuantos de sus grupos especiales están en la búsqueda, pero si se debe dar a conocer el progreso de los operativos, si hubo o no resultados y hasta cuando seguirá prófugo el exoficial, porque de lo contrario el caso quedará en el olvido, ensuciando a la institución policial, por culpa de un desadaptado social”, afirmó Soraide.

Las autoridades de Gobierno, dijo, dejaron en manos de la institución policial la captura de Jorge Clavijo. Toda la esperanza y la confianza están puestas en la Policía, donde hasta antes del 13 de febrero perteneció el sindicato de presunto asesinato de Hanaly Huaycho.

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jueves, 7 de febrero de 2013

“Suspensión temporal” vulneró el derecho de presunción de inocencia




eldiario.net

Abogados aseguran que se vienen procesos contra el Estado por daños y perjuicios de las autoridades suspendidas.

 
Abogados coincidieron en señalar que la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de determinar la inconstitucionalidad de cuatro artículos de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), denota que se vulneraron los derechos humanos y políticos de aquellas autoridades electas que fueron suspendidas de sus cargos ante una simple acusación fiscal.
Las consecuencias por este aparente desliz que fue diseñado en la Asamblea Legislativa dentro del plazo para aprobar las leyes orgánicas de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) podrían llevar a los afectados a tomar acciones por daños y perjuicios.

El analista Jimmy Ortiz, en conversación con EL DIARIO, sostuvo que la LMAD vulneró el precepto universal de presunción de inocencia y el debido proceso que es la esencia democrática de un país.

“Supone una violación a los derechos políticos que es uno de los Derechos Humanos y también una violación a la Carta Interamericana y a la cláusula democrática interamericana por coartar al pueblo el derecho de tener a su gobernante legalmente constituido”, dijo.

Aplaudió el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional ya que considera que se está comenzando a poner “las cosas en su sitio”.

“Con esta Ley se va a acabar la persecución política que tanto daño le hizo al país y al Poder Judicial”, advirtió.

Por otra parte, remarcó que el siguiente paso tiene que ser sancionar a todos aquellos que hubieran violado los preceptos de la Constitución Política del Estado y resarcir esos daños morales de todas las personas que fueron afectadas con la LMDAD.

A su turno, el abogado constitucionalista William Bascopé, en conversación con EL DIARIO sostuvo que las autoridades electas no podrán volver a sus cargos ya que los artículos que fueron sacados de la circulación jurídica no tienen carácter retroactivo. Sin embargo, aclaró que podrán iniciar procesos todas aquellas autoridades que por tener una denuncia formal en su contra fueron obligados a abandonar el cargo público que desempeñaban, por elección del pueblo, tales como Ernesto Suárez, Mario Cossío, René Joaquino, Jaime Barrón, entre otros.

Asimismo, explicó aquellos que no hayan renunciado al cargo pueden solicitar retornar a sus puestos.
En ese marco, Bascopé explicó que toda norma que sea emitida se presume su constitucionalidad hasta que el Tribunal Constitucional no emita lo contrario.

Finalmente, exhortó a la Asamblea Legislativa tener mayor responsabilidad y seriedad en sacar este tipo de normas ya que pueden causar conflictos de carácter político y una carga al mismo Estado.
Por su lado, la exmagistrada del Tribunal Constitucional, Silvia Salame explicó a Radio Fides que tras la declaración del TCP las suspensiones quedan anuladas, salvo de aquellos casos en los que se consumó la renuncia al cargo.

“La vulneración a los derechos se ha materializado, en el caso de personas que estaban en trámite como el caso de René Joaquino si él puede presentar una nota solicitando su inmediata incorporación. Hay que dividir los efectos dependiendo del estado en el que se encuentre cada proceso, ahora que sucede con esas personas a las que se ha vulnerado su derecho, ellos pueden reclamar su derecho, ellos pueden invocar en su favor el hecho de que la norma se presume constitucional hasta que no se declare lo contrario”, dijo Salame.
 
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sábado, 2 de febrero de 2013

Jimmy Ortiz: “La unión hace la fuerza”



eldiario.net

El analista Jimmy Ortiz recordó que en política “la unión hace la fuerza” y vio con muy buenos ojos una posible alianza entre Primero el Beni y el Frente Para la Victoria de Pedro Nuny, porque aseguró que desde la Gobernación beniana los indígenas podrán confrontar la construcción de la carretera por el Tipnis.

Ortiz aseguró que es importante el conformar alianzas en el país, para evitar la confrontación entre bolivianos y que el incorporar a los indígenas en la Gobernación de Beni coadyuvará a que no desaparezcan las etnias originarias y se respete el Tipnis.

“Tiene todo el derecho de defender sus medios de vida, porque si pasa una carretera por el Tipnis va a ser un genocidio, se va a destruir toda esa cultura, los chimanes, yuracarés, entre otras, van a desaparecer, ojalá que las bases indígenas pueden aceptar para hacer una lucha y defender el Tipnis”.

Asimismo, indicó que la alianza tendría una connotación importante, porque el Estado plurinacional que fundó el gobierno del presidente Evo Morales, se destruyó después de los conflictos con los indígenas del Tipnis.

El analista puntualizó que pese a que Nuny sólo obtuvo el 2 por ciento en las elecciones para Gobernador, es propicio que un indígena tenga cargos políticos para defender a los indígenas.



miércoles, 23 de enero de 2013

Analistas observan lo que no se dijo en el extenso informe comparativo




eldiario.net

Casos de extorsión, faltas a la moral, supuestos abusos sexuales y las derrotas electorales no ameritaron atención del mandatario.

Según analistas consultados por EL DIARIO, el informe que brindó el presidente Evo Morales ante la Asamblea Legislativa cayó en un discurso comparativo del “antes y después” sin mencionar temas que hacen a la coyuntura actual y que la ciudadanía esperaban escuchar como la red de extorsión, los escándalos de faltas a la moral y delitos cometidos por sus militantes y la reciente derrota en la elección del Beni.

Para el analista Iván Arias este informe tendría que abarcar el último año porque “ya no es aceptable” que la población tenga que escuchar extensos discursos de comparación entre décadas anteriores y la actual gestión que cumplió siete años de administración ininterrumpida.

“Es un informe de gestión, seguimos comparando lo que pasó antes de hace siete años, cuando se tiene que ver cómo han avanzado desde que han empezado hasta ahora, por lo menos que cambios hubo entre un año a otro año. Ese es un informe de gestión, no es informe de comparación”, dijo.

Asimismo, la politóloga Jimena Costa, manifestó que el informe del primer mandatario fue un recorrido de los últimos siete años, es decir “cuatro años del estado Republicano y tres del plurinacional”, por lo que no se podría establecer una clara diferencia de cuáles fueron los logros del Gobierno en el último año.

Costas hizo un recuento desde el inicio de la gestión hasta 2009 al que calificó como “bueno”, pero que desde el 2010 se vio con permanentes problemas indicando que en este año el Gobierno intentó llevar adelante el “gasolinazo” que trajo el rechazo absoluto de la población. En el 2011, la detención del general retirado de la Policía René Sanabria, quien fue encontrado en la ciudad de Panamá cuando intentaba embarcar más de 140 kilos de cocaína a Estados Unidos, así como el caso de Caranavi y la represión en Chapararina, concluyendo en el 2012, con la red de extorsión, la consulta “manipulada” en el Tipnis y la derrota de Jessica Jordan en el Beni. Por ello, Costas asegura que estos hechos no figuraron en el discurso porque pondría en evidencia que el 2012 fue el corolario del mandato más complicado para el Gobierno.

Para Carlos Cordero no fue prudente que el presidente haya indicado que Bolivia retomaría al mar el año 2025 en su última parte de alocución, manifestando que eso sólo conduce al país a ponerse la “soga al cuello”.

Igualmente, recordó que la omisión que se hizo al no dar los datos del Censo de Población y Vivienda son la muestra evidente de improvisación y supuesta falta de capacidad técnica del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que daría a entender que aún no se tiene los datos finales que fueron anunciados para ayer.

Finalmente, el columnista cruceño Jimmy Ortiz lamentó la inconsistencia de este discurso - mensaje, pues se mezclaron muchos elementos, que sumados al extenso tiempo que tomó, sólo dejaron a la población con mayores dudas.

“Fue un informe muy largo y aburrido y fue un gran abuso que se obligue que todos los medios transmitan este acto, porque nada que es obligado es bueno. Sin embargo, el Presidente habló de la corrupción y eso fue bueno, porque son temas que afectan a su gestión, pero sólo se tocan a mandos medios y no se toca a otros mandos superiores”, sostuvo.

Juan del Granado: “El presidente Morales ha adquirido una peligrosa adicción a los datos y a la futurología”.

En contacto con EL DIARIO, el líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, hizo referencia a cinco fracturas que fueron parte de la gestión gubernamental del Evo Morales en el 2012.

Según explicó, la primera fractura fue económica, ya que el Gobierno hasta ahora no rindió cuentas de los recursos obtenidos por la venta de materia prima, monto que asciende a 54 millones de dólares. La segunda fractura fue política, debido al autoritarismo, totalitarismo y arbitrariedad que rigen su Gobierno. La tercera fractura es ética, por el caso de la red de extorsión, que afectó la imagen del país. La cuarta fractura es institucional, por la subordinación de los poderes judicial y legislativo, junto al Ministerio Público.

Finalmente, la quinta fractura es indígena, debido a que el 2012, consolidó una consulta “fraudulenta” que vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) y los derechos de los pueblos indígenas.

Samuel Doria Medina: “Obama tardó 24 minutos en explicar la política global de EEUU y el presidente Morales en 4 horas no explicó nada”.

El líder de Unidad Nacional (UN), destacó que el discurso del presidente Evo Morales, durante la celebración de la fundación del Estado plurinacional, fue el que menos contenido nocivo y amedrentador tuvo para la oposición.

“El presidente Morales fue benévolo con la oposición, porque nunca sufrió una derrota tan grande como en el Beni, aunque trate de justificarlo, sufrió una derrota y ahora está siendo muy cuidadoso”, dijo a EL DIARIO.

Asimismo, hizo referencia al tiempo que empleó en difundir su discurso y afirmó que éste fue así porque el mandatario no tenía nada sustancial que informar.

“No era necesario que hable durante cuatro horas, las cifras, que de paso fueron imprecisas, debió entregarlas a la Asamblea Legislativa, es lo que dice la CPE, y lo único que destacó la prensa internacional de este discurso fue cuando Evo Morales habló sobre Chávez”, dijo.

Ernesto Suárez: “Habría que preguntarle al ciudadano de a pie, si realmente estamos en el país de la bonanza”.

El líder de Primero el Beni, Ernesto Suárez, manifestó que el informe presidencial de este 22 de enero no es acorde con la realidad de la población boliviana, pese a la cantidad extensa de datos y cifras que reveló el mandatario, las cuales supuestamente mostraban que la economía del país había crecido en un gran porcentaje.

“Seguro que el Presidente está hablando desde su visión personal, porque él tiene un avión privado, está pensando en un nuevo palacio y ninguno de los gastos los paga él, sino el país (�.); hay muchas necesidades que el Gobierno no está tomando en cuenta”, manifestó a EL DIARIO.

Finalmente, mencionó el saludo de Morales al gobernador electo del Beni, Carmelo Lenz, y dijo que la única forma de gobernar el departamento es respetando los cargos y las atribuciones sin ningún tipo de injerencia.

sábado, 5 de enero de 2013

Ortiz cuestiona a la Cancillería por campaña de despenalización




 Eldiario.net  ß

Política


El analista político Jimi Ortiz manifestó que la Cancillería del Estado hizo un mal cálculo político, así como las altas autoridades del Gobierno boliviano, por lo que cree que Bolivia no podrá acceder a la solicitud presentada ante la Convención de Viena sobre Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de despenalizar el masticado de la hoja de coca o acullicu.

Ortiz, luego de recordar que Bolivia manifestó que en 30 años se despenalizaría el masticado de la hoja de coca, calificó la defensa de la coca como “pésima”, y que derivaría en una posible negación de parte de la ONU que alejaría al país de las relaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico.

“No era ése el camino que se debía seguirse, además la defensa ha sido pésima, no se ha presentado los descargos como correspondía. Yo creo que lo que va pasar es que Bolivia se va a sentir más aislada en el contexto mundial y esto va a seguir repercutiendo en la lucha contra las drogas”.
Además, indicó que pese a que el país cuenta con un Gobierno “nuevo”, la comunidad internacional no va a desconocer los tratados internacionales previamente firmados, además de que ve muy probable que más países manifiesten su negación a que Bolivia pueda normar el acullicu fuera de las fronteras de la nación.

“No por el hecho de que haya un Gobierno nuevo, los tratados internacionales se desconocen. Vamos a quedar afectados en la lucha contra el narcotráfico y el tema de la despenalización de la hoja de coca no me parece que sea el más correcto”, agregó el entrevistado.

jueves, 20 de diciembre de 2012

Presidente del Tribunal de Justicia de Santa Cruz se dio a la fuga



Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Ariel Rocha

El Diario.net

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y el Ministerio Público de Santa Cruz están tras la pista de Ariel Rocha, presumiblemente implicado en la red de extorsión y corrupción.
 
Santa Cruz.- ¿Dónde está Ariel Rocha, el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz? a la hora de responder, los fiscales miembros de la Comisión Especial que toman declaraciones a los implicados en la red de extorsión se encogen de hombros.

¿Se ha fugado del país?, preguntó el reportero. “No tenemos una información al respecto”, responde uno de los fiscales.

No es uno más de los investigados, sino se trata del propio Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a quien se investiga por presuntos vínculos con la red de extorsionadores.

“No acudió a la convocatoria de la comisión de fiscales y se sabe que no se encuentra en el país; entonces, se emitirá la orden de aprehensión para que él sea conducido a prestar su declaración”, dijo el fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero.

Esta respuesta motivó el pronunciamiento de abogados, litigantes y profesionales que creen que si la corrupción tocó a la cabeza del poder judicial urge la renovación de todas las cortes en el país y no sólo en Santa Cruz, porque la base de la extorsión partió de La Paz y no se conoce hasta el momento la extensión de sus tentáculos.

Una conexión entre Rocha y el exfiscal detenido Isabelino Gómez más una conexión con los abogados del Ministerio de Gobierno, quienes ahora están en Palmasola, permiten ver otro de los ángulos de esta organización.

De acuerdo con una nota del diario cruceño El Día el 28 de septiembre de este año a mediodía, el juez Zenón Rodríguez llamó por teléfono a Rocha a quien le contó que Fernando Rivera lo estaba presionando, para que cambie un fallo que dejaba en libertad a Jacob Ostreicher, pero no recibió el respaldo de Rocha, es más, en ese mismo momento le comunicó con Isabelino Gómez, fue entonces cuando éste le dijo que debía cambiar su fallo o iría preso.

Razones de más para que Rocha deba contar todo cuanto sabe sobre esta red y el porqué de sus relaciones con Gómez, Rivera y otros implicados en la red de corrupción.

Por su parte, el Comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz, coronel Miguel Gonzales, aseguró que su instancia tiene la misión de coordinar en la búsqueda de Ariel Rocha.

Las investigaciones señalan que existen indicios de vínculos de Rocha y algunos fiscales con los involucrados en la red de extorsionadores, caso destapado con el proceso de Jacob Ostreicher, aseveraciones que fueron dados a conocer por el departamento de Inteligencia que habría detectado su vinculación y flujo de llamadas entre Rocha, el exfiscal detenido Isabelino Gómez y abogados del Ministerio de Gobierno, recluidos en la cárcel.

Mientras que el politólogo Jimmy Ortiz señaló que este caso de la corrupción ha sido el problema más grande de este año que embarró al país en el contexto internacional.

Al referirse al problema de Ariel Rocha, todo lo que está pasando es producto de la falta de independencia de poderes, porque no puede haber injerencia de los ministerios.

Ortiz dijo que Santa Cruz tuvo que soportar durante dos años a un fiscal “mafioso” al referirse al exfiscal Isabelino Gómez, ahora con este otro problema del máximo representante judicial de este departamento, dijo que la cara de este departamento está por los suelos.

DATOS

- La Fiscalía considera que existen indicios de vínculos de Rocha y algunos fiscales con los involucrados en la red de extorsionadores, caso destapado con el proceso de Jacob Ostreicher.

- Informes de Inteligencia habrían detectado vinculación y flujo de llamadas entre Rocha, el exfiscal detenido Isabelino Gómez y abogados del Ministerio de Gobierno, recluidos en la cárcel.

- La comisión de fiscales pidió informe a la Dirección General de Migración para dar la orden de aprehensión contra Rocha en coordinación con Interpol.

 



domingo, 25 de noviembre de 2012

Problema de límites continuará en 2013 y nueva norma no ofrecería soluciones

 

Ley de Descentralización y Participación Popular, Ley UPAS, Ley de Autonomías, ninguna logró solucionar ni uno de los 84 procesos por límites

 


Analistas afirman que leyes no enmiendan los conflictos del país


Ley de Descentralización y Participación Popular, Ley UPAS, Ley de Autonomías, ninguna logró solucionar ni uno de los 84 procesos por límites.
 
 La Asamblea Legislativa aprobó cerca de 260 normas y el Gobierno llegó a promulgar 79. En cada acto que se realizaba por la promulgación de cada ley, el presidente Evo Morales y otras autoridades gubernamentales expresaron que la normativa promulgada iba a coadyuvar a la solución de un determinado conflicto o problemática en el país. Sin embargo, al parecer las falencias continúan y las leyes promulgadas poco o nada ayudan a la sociedad boliviana.

Los problemas limítrofes en distintas regiones y municipios han provocado conflictos. Los pobladores disputan el límite de sus territorios y el Estado no pudo resolver estos casos con la aprobación de leyes como la descentralización de Gonzalo Sánchez de Lozada o la Ley de Unidades Político Administrativas (UPAs) del último gobierno de Hugo Banzer Suárez.

El gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) logró aprobar, con cierta tensión, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibañez. En la actual coyuntura y tras el Censo Nacional de Población y Vivienda, el régimen de Evo Morales propone que la Ley de Unidades Territoriales, a ser aprobada el próximo mes, logre dar una solución definitiva a los 314 conflictos de límites municipales.

De acuerdo con datos del Ministerio de Autonomías, de las 339 alcaldías existentes, 84 tienen procesos sobre conflictos de límites, es decir un 26,3%. La titular de esta cartera de Estado, Claudia Peña, informó que estos problemas apenas empezarán a ser tratados el próximo año y el vicepresidente Álvaro García Linera afirma que la Ley de Unidades Territoriales se aprobará en la primera quincena de diciembre dando una matriz de soluciones.

El analista Jimmy Ortiz recordó que los problemas limítrofes iniciaron en el nacimiento mismo de la República y señaló que si hasta la fecha no hay una solución es porque ningún gobierno ha podido “sanar a este Estado fallido”, según dijo.

“Las leyes que promete el Gobierno, para dar solución a este tema, son cortinas de humo y no satisfarán las necesidades de las partes confrontadas. Las leyes no solucionan nada y lo que se necesita para que este problema se resuelva de una vez, es un diálogo entre ambas partes”, dijo.
Ortiz afirmó que la Ley de Unidades Territoriales se encontraba en la agenda de la Asamblea Legislativa desde febrero del 2011 y que debió tratarse antes del Censo 2012. Sin embargo, no fue aprobada pese a los dos tercios oficialistas que muchas veces logran aprobar normas en semanas y hasta días.

Por otro lado, el jurista Waldo Albarracín manifestó que el tema de límites es muy delicado, por lo que una norma no dará solución al problema.

“Lo que se espera determinar en la Ley de Unidades Territoriales está presente en la Ley UPA’s que está vigente, en la Ley de Autonomías y ninguna de estas normas ha terminado con los conflictos limítrofes. Lo que se necesita es un consenso previo y un diálogo entre las partes confrontadas”, citó.
Respecto a la cantidad de normas aprobadas y promulgadas con el objetivo de eliminar o dar una enmienda definitiva a un conflicto o problema en la sociedad, Albarracín dijo que las leyes por sí mismas no solucionan una problemática.

“La mayoría de los problemas en el país son de índice económico social, y éstos no nacieron por la ausencia de leyes, sino por un tratamiento ineficiente del Estado. La solución pasa porque el Gobierno actúe con transparencia y se preocupe por ayudar a los bolivianos”, sostuvo.

El 2012 ya dio visos de conflictos entre regiones y poblaciones, como el tema de la minería o la siembra de quinua. Para 2013 el Estado pondrá a prueba toda su capacidad de negociación, apuntando a la Ley de Límites que dará pautas sobre los ejes de la conciliación o el referéndum.

Problema de límites tiene un nudo que intentarán desamarrar el próximo año

Para 2013 el Estado pondrá a prueba toda su capacidad de negociación, apuntando a la Ley de Límites que dará pautas sobre los ejes de la conciliación o el referéndum.

 
La serie de leyes no soluciona algunos problemas, tal el caso de los límites municipales que afloraron a raíz del Censo 2012, lo que obligó al INE a recurrir al código cero, para dejar el caso en statu quo.

La Asamblea Legislativa aprobó cerca de 260 normas y el Gobierno llegó a promulgar 79. En cada acto que se realizaba por la promulgación de cada ley, el presidente Evo Morales y otras autoridades gubernamentales expresaron que la normativa promulgada iba a coadyuvar a la solución de un determinado conflicto o problemática en el país.

Los pobladores disputan el límite de sus territorios y el Estado no pudo resolver estos casos. En la actual coyuntura y tras el Censo Nacional de Población y Vivienda, el régimen de Evo Morales propone que la Ley de Unidades Territoriales, a ser aprobada el próximo mes, logre dar una solución definitiva a los 314 conflictos de límites municipales.
 
 
El analista Jimmy Ortiz recordó que los problemas limítrofes iniciaron desde la creación misma de la República y señaló que si hasta la fecha no hay una solución es porque ningún gobierno ha podido “sanar a este Estado fallido”, según dijo.

Por otro lado, el jurista Waldo Albarrací manifestó que el tema de límites es muy delicado, por lo que una norma no dará solución al problema.
 
 

lunes, 19 de noviembre de 2012

Tabulación de datos demoraría seis meses y aplicación del Censo comenzaría el 2014



El 95 por ciento de las boletas ya se distribuyó en el país. Mañana
comienzan las restricciones de movimiento antes de este 21 de noviembre.

El diario.net

Analistas ven que la redistribución de recursos y escaños quedarían pendientes, mientras los conflictos afloran a partir de la revelación de datos.

Las autoridades del Ejecutivo ya adelantaron que los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda a desarrollarse este miércoles, serán dados a conocer en siete días. Sin embargo, la tabulación de datos de las más de 10 millones de boletas demoraría seis meses, postergando la aplicación efectiva de este instrumento hasta 2014.

En declaraciones a Erbol, la ministra de Autonomías, Claudia Peña, estimó que los datos finales serían concretados en un lapso de seis meses. “Estamos hablando de fines de mayo y principios de junio. Ya que vamos a estar en medio año, yo asumo, aunque no soy experta, que esos datos van a ser incluidos en el presupuesto del 2014, porque ya vamos a estar a mitad de gestión del 2013”, dijo.
En criterio del politólogo Edwin Quiroz, el Gobierno requiere aplicar una estrategia de comunicación que explique a la población, con criterios técnicos, la demora que supondrá la tabulación de datos y sus efectos en las regiones que exigen la redistribución de recursos económicos.

“Tenemos dificultades en llevar la tabulación y esto repercutirá en la redistribución de recursos. 10 millones de boletas tomaría medio año y efectivamente 2013 será un año de cálculos y ajustes. Pueden haber problemas y para aquello el Gobierno debe llevar una estrategia de comunicación efectiva con las regiones”, dijo.

La presión de la sociedad para que este proceso sea la llave para la nueva distribución de los recursos del Tesoro General del Estado se dio principalmente con el departamento de Santa Cruz y la ciudad de El Alto desde 2010 contemplando el año siguiente, pues esta fotografía de país se debe efectuar cada diez años. El Gobierno aprobó el presupuesto de 50 millones de dólares mediante la Ley 146 del 28 de junio de 2011, bajo crédito del Banco Mundial para el proyecto de “Fortalecimiento de la capacidad estadística y la base de información para la planificación basada en la evidencia”.

Para el analista Jimi Ortiz, los frentes de conflicto que se abrirán a partir de los resultados del Censo son responsabilidad del Ejecutivo, pues las autoridades asumieron compromisos para agilizar este proceso y ahora ya nacen anuncios de mayores dilataciones que perjudicarán la planificación departamental, regional y municipal en el país.

No había voluntad política para hacer este Censo, pero la presión obligó al Gobierno. La falta de planificación se ve cuando a quince días del Censo recién se convoca a encuestadores y el tema de la aplicación posterior no puede dilatarse, porque estamos en la era de la tecnología. El Gobierno trata el tema irresponsablemente y esto tendrá efectos políticos y económicos”, citó.

El primer levantamiento de información en el país, dará resultados en una semana, según anticipó el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Ricardo Laruta, pero estas cifras sobre la cantidad total de ciudadanos bolivianos, es muy diferente a aquellos que se requieren para hacer efectiva la redistribución de recursos y la nueva asignación de escaños dentro de la Asamblea Legislativa.

“Nosotros hemos previsto que la entrega con carácter preliminar a nivel de las grandes capitales, incluida la ciudad de El Alto, la vamos a tener después de siete días del levantamiento de información del 21 de noviembre”, afirmó el funcionario del INE.

En tanto, los conflictos en el país prosiguen y el tema de los límites territoriales se posicionó de tal manera que en algunas regiones, como Ivirgarzama, Oruro y Gundonovia, existen focos de conflicto que podrían dejar a sus habitantes fuera de esta encuesta mayor que servirá para planificar a Bolivia en diez años.