Jimmy Ortiz Saucedo
El 18 de febrero 2022, promovido por el Comité pro
Santa Cruz, se realizó el evento citado como título de este artículo. Fue un
evento de alto nivel, destinado a buscar soluciones, para tener una justicia
decente, muy alejada de la que tenemos actualmente en Bolivia.
Participaron los destacados juristas: William Herrera,
Francisco Borenstein y José María Cabrera de Santa Cruz, Arturo Yáñez de Chuquisaca,
Juan del Granado de La Paz y José Antonio Ribera de Cochabamba.
El evento dio inicio con las palabras del Presidente
del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, que en partes salientes decía: “Las reformas judiciales son absolutamente
necesarias, lo siente nuestro pueblo, lo siente la comunidad internacional,
los sienten miembros honorables del poder judicial. Lo siento yo, que hace 2
días a esta hora, estaba sentado frente a un juez sin mi abogado defensor; en
un clarísimo acto de persecución política, sufriendo en carne propia las
tribulaciones judiciales que todos ustedes conocen”.
Se presentaron cuatro propuestas: la primera de
William Herrera y Francisco Borenstein, la segunda de Juan del Granado y José
Antonio Ribera, la tercera de Arturo Yáñez y la cuarta de José María Cabrera. Como
es natural, las propuestas tuvieron concordancias y discrepancias, en mayor o menor
grado, pero todas ellas con un alto grado de profesionalismo, que recogieron
elogios de los asistentes, y también de los que participaron en la trasmisión abierta
por internet.
Según manifestaron los promotores del evento, se harán
los esfuerzos necesarios, para presentar al pueblo de Bolivia una propuesta
unificada.
El evento fue clausurado por el Vice Presidente del Comité
pro Santa Cruz Fernando Larach, quien dijo en partes salientes: “El Comité
Pro-Santa Cruz considera que el actual modelo de justicia ha fracasado porque
se encuentra colapsado, erosionado por la corrupción, carece de legitimidad, y
en medio de un descrédito total. El “proceso de cambio” no ha cambiado nada la
centenaria organización “colonial”, “centralista” y “presidencialista” del
órgano ejecutivo, responsable en buena medida del sometimiento político y la
degradación judicial.
En realidad, no existe el imperio de la Constitución y
las leyes, sino la voluntad del gobernante de turno, una de las principales
causas para que Bolivia sea uno de los países más atrasados, y con menos
perspectivas de crecimiento y desarrollo en el continente. Cabe la pregunta,
¿puede haber un órgano judicial independiente, imparcial, honesto, fuerte,
eficiente, en este Estado centralista y autoritario?
Publicado en:
No hay comentarios:
Publicar un comentario